El portavoz del Grupo Municipal IU-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha denunciado el «incumplimiento sistemático» por parte del Gobierno municipal de la Ley de Transparencia, alegando que, durante esta legislatura, solo han recibido contestación a 21 de las 215 solicitudes de documentos hechas por su grupo, un 9,76 por ciento del total.

Fernández, que ha comparecido este miércoles en rueda de prensa, ha explicado que esta negativa por parte del equipo de Gobierno a entregarles la información solicitada demuestra que «no quiere conocer» la Ley de Transparencia y ha decidido que «se siente mucho más cómodo haciendo este viaje de gobernar en solitario».

El portavoz de IU-Podemos ha recordado además que la Ley de Bases de Régimen Local y la de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales permiten a los grupos de la oposición realizar su labor de control al Gobierno solicitando documentación, siendo obligatorio recibirla en el plazo de cinco días después de haberla solicitado.

En concreto, ha puesto como ejemplos que el Gobierno toledano no ha enviado documentación solicitada por su grupo con temas como el convenio con la Guardia Civil para la construcción del nuevo cuartel, el contrato menor firmado con una entidad para el proceso participativo del POM, la solicitud de 33 contratos menores, sobre si Puy du Fou pagó «más de 200 banderolas» instaladas en farolas de la ciudad o el convenio entre el Ayuntamiento y el parque temático, cuántos trabajadores tenía la ORA al inicio del contrato y cuántos tiene ahora, el texto sobre la ordenanza de los pisos turísticos o el informe sobre el gasto del Ayuntamiento en la instalación del Salto del Caballo que disfruta el CD Toledo, «una empresa privada».

Asimismo, ha criticado que el Ayuntamiento de Toledo tampoco ha cumplido con su «obligación» sobre los acuerdos aprobados en los plenos. De esta manera, ha abundado, no saben la situación en aspectos como los arreglos del centro de jardinería, un informe que se iba a elaborar sobre pasos de cebra adaptados a personas con discapacidad intelectual, las obras del parque de la Integración o «aquella fiscalización de contratos que se iba a hacer en todas las comisiones de Hacienda» sobre los contratos con empresas privadas que gestionan servicios públicos.

«Tampoco el Gobierno convoca los consejos de Participación Ciudadana para las obras que se ejecutan en los barrios», ha continuado, lo que ha hecho que iniciativas como los acerados en el Casco Histórico o el Polígono «no hayan sido consultados».

NO QUIERE JUDICIALIZAR

A pesar de todo ello, Txema Fernández ha abogado por hacer «pedagogía política» en este tema antes que judicializarlo, considerando que «los políticos tienen que dar cuentas políticas».

«Es verdad que es un incumplimiento flagrante de lo que dicen las normas que rigen la actividad municipal», ha admitido, pero ha insistido en que su idea es «seguir denunciando para que la gente sepa qué ocurre en la institución que les representa».