El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retome una iniciativa legislativa garantista para modificar, en la medida que sea necesaria, la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de proceder a la renovación democrática del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y culminar la renovación del Tribunal Constitucional (TC).

Sordo ha realizado estas manifestaciones a los medios en Toledo, donde se reúne el Consejo Confederal de CCOO, después de que el TC decidiese esta lunes paralizar la votación en el Senado de la reforma para elegir a sus magistrados.

«Instamos a la calma y a actuar con la contundencia democrática que exige el momento. Hay generada una razonable alarma social, y no me extraña, porque lo que ha ocurrido es grave. En nuestra opinión, lo que toca es tramitar el grueso la ley en el Senado e iniciar los trámites legislativos necesarios para que se garantice la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional».

Tras criticar que lo ocurrido este lunes en el TC es «preocupante para todos los demócratas del país», ha considerado que lo sucedido en es «una decisión que culmina una estrategia judicial y política que parte del no reconocimiento de la legitimidad democrática de esta legislatura y de este Gobierno». «Esto es lo que subyace de fondo en lo que ayer concluyó de forma nefasta el Constitucional».

A juicio del líder de CCOO, todo lo que está ocurriendo «es causa de la actitud deliberada de bloquear la renovación democrática del poder judicial, de bloquear la renovación en función de la actual correlación de fuerzas políticas que existen en nuestro país de uno de los tres poderes del Estado».

«El poder legislativo emana directamente de las urnas. El ejecutivo del legislativo, porque se elige al presidente del Gobierno y él elige a su gobierno y por lo tanto emana de las urnas. Y el poder judicial ha decidido que el resultado de las últimas elecciones no le vale y, por lo tanto, ha bloqueado la composición del CGPJ teniendo en cuenta la situación política que hay en España hace más de un lustro».

«Esto es de una gravedad extraordinaria», ha reiterado Sordo, que ha añadido que el Gobierno «tenía y tiene la obligación» de renovar los órganos constitucionales del poder judicial y lo trató de hacer a través de un acuerdo en función de la actual ley orgánica del poder judicial. «Este acuerdo se ha demostrado inviable y por tanto el Gobierno tiene la obligación de modificar las pautas de toma de decisión para renovar el poder judicial y adaptarla a la realidad democrática de nuestro país».

A juicio de Sordo, el TC tiene toda la legitimidad para declarar una ley inconstitucional, «pero no puede irrumpir de forma previa en un proceso legislativo, que todavía no había culminado, y no puede irrumpir en la soberanía nacional que se refleja el Congreso de los Diputados y en el Senado. Es de enorme gravedad», ha repetido.

«Se trata de adecuar los tres poderes del Estado a la democracia y aquí nadie tiene que tener rancho aparte para decidir que los resultados electorales no van con ellos», ha concluido.