La ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha defendido este lunes la actuación del Gobierno en marzo de 2020 al tomar la decisión de aplicar el primer estado de alarma para confinar ante el estallido de la pandemia de coronavirus, un confinamiento que más tarde anuló el Tribunal Constitucional. «En aquel momento no teníamos manual de instrucciones», ha justificado.

Así se ha pronunciado Rodríguez al ser preguntada sobre qué instrumentos legales usaría el Gobierno si ocurriera algo similar a la pandemia, después de que la corte de garantías, en julio de 2021, sentenciara que varias de las medidas de ese estado de alarma, como la restricción a la circulación, no se ajustaban a la legalidad.

«El Gobierno y el presidente estuvo firme en la defensa de nuestra salud, tuvo una determinación y una valentía que, sinceramente, con la perspectiva del tiempo, creo que todavía podemos valorar aún más», ha señalado en una entrevista en RNE, recogida por .

Rodríguez, que ha valorado que por aquel entonces fueron importantes «tanto los servicios esenciales» sanitarios «como la decisión de los gobernantes», ha asegurado que no sabe «cómo habría que actuar» en este momento si pasara una situación parecida.

No obstante, ha afirmado que el Estado tiene distintas normas sanitarias «y sobre todo la práctica y la experiencia» de la pandemia, que «ha permitido reforzar el sistema sanitario y los sistemas de alerta», al tiempo que ha destacado la «importante inversión» que está haciendo el Gobierno en la sanidad pública.

«Y esta tiene que ser la respuesta, una apuesta por la sanidad pública, la que nos salvó a todos», ha reivindicado, a la par que ha recordado que la sociedad española «fue cumplidora con todas las normas». «Creo que fue ejemplar la actuación de todos», ha sostenido.

Cuestionada por si cree que se ha perdido una oportunidad para crear una nueva estructura jurídica que permita responder con eficacia a este tipo de fenómenos, la portavoz del Ejecutivo ha defendido que las normas «siempre se han de interpretar conforme al contexto político y social en que suceden los hechos». «Y está claro que las normas que teníamos nos han permitido actuar», ha dicho.

En julio de 2021, el Pleno del Constitucional estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox contra el real decreto por el que el Gobierno de Pedro Sánchez declaró el primer estado de alarma, que entró en vigor el 14 de marzo de 2020.

Con una mayoría de 6 a 5 magistrados, el tribunal declaraba inconstitucional el confinamiento, es decir, la limitación del circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas que fijaba la norma, así como la capacidad del Ministerio de Sanidad para modificar y ampliar medidas de contención en la actividad comercial.