Los sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil han celebrado que el Congreso no haya llegado a un consenso para reforma la ley de seguridad ciudadana, conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’, al entender que la norma que aprobó en 2015 el PP se usa «con normalidad» y cambiarla como ha propuesto el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos «generaría inseguridad».

La mayoría de organizaciones policiales han rechazado el plan de PSOE y Unidas Podemos de cambiar esta ley, aprobada cuando era ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al desconfiar desde el principio de la negociación abierta con ERC y EH Bildu, además de PNV. Por este motivo, se han manifestado en dos ocasiones en Madrid, la última vez el pasado 4 de marzo.

Tras conocer que el dictamen decaía en la ponencia de la Comisión de Interior sin llegar a pasar al Pleno del Congreso, el sindicato JUPOL — mayoritario en la Policía Nacional– se ha «felicitado» por la no admisión a trámite de la proposición de reforma Ley Orgánica 4/2015.

IMPORTANCIA DE PRESIÓN EN LAS CALLES

«Una de las líneas rojas marcadas por JUPOL ha sido la utilización de uso de material antidisturbios para el control de grupos violentos», ha recordado este sindicato sobre las pelotas de goma. Además, ha subrayado la importancia de la «presión ejercida en las calles y en las instituciones para frenar un proyecto que solo beneficiaba a delincuentes y violentos».

Según Aarón Rivero, secretario general de JUPOL, el Gobierno «se ha visto en la obligación de no ceder a los intereses de grupos políticos que apostaban por una mayor indefensión de los ciudadanos y policías ante actuaciones violentas y descontroladas».

La secretaria general del SUP, Mónica Gracia, también ha celebrado que la «sensatez impere». «Si se aprueba esta reforma estaríamos hablamos de un retroceso para ejercer la labor policial y sobre todo afectaría especialmente a la ciudadanía dando más privilegios a los que alteran el orden público que a los que velan por la seguridad de los ciudadanos», ha manifestado.

CEP ha subrayado que la «división en la mayoría parlamentaria ha sido el principal aliado de los policías nacionales para tumbar el proyecto». «La seguridad ciudadana es una parcela que necesita mantenerse alejada de la disputa política y de intereses partidistas», ha sostenido este sindicato de la Policía.

UNA DECISIÓN ADECUADA

Por parte de la Guardia Civil, JUCIL ha aprovechado para recordar que formaciones políticas conocían un informe elaborado por tres juristas de la Universidad CEU San Pablo donde «se adelantaba el desastre que supondría de aprobarse la redacción impuesta por los grupos independentistas y radicales».

«Evitar la reforma es una decisión prudente y adecuada porque afectaría de forma grave a la paz en las calles y la seguridad de los ciudadanos, así como la integridad física de policías y de guardias civiles y nuestras familias», ha asegurado el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño.

Desde AUGC también han destacado que la actual ley de seguridad ciudadana se usa «con total normalidad desde su aprobación», por lo que su reforma «llenaba de inseguridad jurídica» la actuación policial en materia sancionadora.

«La negativa del Ministerio del Interior a suprimir completamente la utilización de las pelotas de goma como parte del material antidisturbios empleado por las fuerzas de seguridad ha sido el detonante clave del encontronazo», ha resumido AUGC, que ha celebrado que no salga adelante la proposición de ley.

«Era una decisión que resultaba altamente inoportuna en un momento en el que, como hemos denunciado reiteradamente, sigue creciendo el número de agresiones a los agentes», ha continuado AUGC, que considera que lo ocurrido en el Congreso «les da la razón».