La oposición carga contra una norma que «no respeta» la propiedad privada y pretende expropiar la tierra a sus propietarios

El proyecto de Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra en Castilla-La Mancha, que incluye la creación de un fondo de tierras disponibles, también conocido como banco de tierras, está ya listo para su aprobación en el pleno de las Cortes después de que este miércoles se hayan debatido en comisión las 67 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios: 44 de CS, 20 del PP y tres del PSOE.

Solamente han salido adelante las enmiendas del PSOE –que han contado con el rechazo del PP y de CS, aunque la formación naranja se ha abstenido en una de ellas. El PSOE ha ofrecido a Ciudadanos transar una enmienda suya, algo que la formación naranja ha aceptado. El dictamen finalmente ha quedado aprobado y tanto CS como PP mantendrán ‘vivas’ sus enmiendas y los votos particulares.

La diputada regional del PSOE Joaquina Saiz ha sido designada ponente para la defensa del dictamen ante el pleno. En el transcurso de la comisión, Saiz ha detallado que su grupo parlamentario ha presentado tres enmiendas a este proyecto de ley con el fin de dar respuestas a las demandas del sector. Además, ha acusado a los ‘populares’ de hacer «ruido» y ha defendido que en esta ley se respeta la propiedad privada, «como no podía ser de otra manera».

Saiz ha subrayado que esta ley es «necesaria», creará un banco de tierras que podrán utilizar los jóvenes y mujeres, y ayudará e impulsará al sector. Ha negado que se vayan a hacer expropiaciones de la manera que dice PP y Ciudadanos, al tiempo que ha asegurado que con las enmiendas del PSOE se da solución «alguna de la incertidumbre, que no es real, que se ha creado con esta ley».

Precisamente, los socialistas han presentado una enmienda al artículo 29 relativo a la declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra. Así, propone que la declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra podrá afectar al derecho de propiedad de la parcela o finca rústica afectada, o sólo al usufructo de la misma.

Los socialistas piden que la declaración prevista en el apartado anterior conllevará, previa tramitación del expediente correspondiente, la cesión temporal de uso al Banco de Tierras, por un plazo no inferior a diez años ni superior a veinticinco, de la parcela o parcelas en las que se produce dicha situación.

Con esta enmienda, el procedimiento para la declaración de incumplimiento de la función social de uso de la tierra, se regirán por la legislación general sobre expropiaciones, pudiendo suspenderse en cualquier momento cuando exista un acuerdo con la propiedad de la parcela o finca rústica afectada en los términos previstos en el artículo 28 de esta ley.

PP Y UNA NORMA QUE NO GUSTA AL SECTOR

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado 20 enmiendas a este proyecto de ley porque en opinión de su diputado Emilio Bravo es «mejorable». Además, ha manifestado que esta norma «no gusta» al sector y no soluciona la regeneración en el campo ni la falta de rentabilidad que actualmente hay en los productos del campo.

«Lo más grave» de esta ley, según el parlamentario ‘popular’, es que «no respeta» la propiedad privada y se permite a la Consejería que «haga lo que quiera» sin contar con los propietarios, algo que califica de «falta de respeto» y ningún agricultor lo va a permitir.

Bravo defiende que las enmiendas del PP «no son políticas», por lo que ha pedido al PSOE que recapacite y apruebe algunas de ellas. «Son enmiendas que vienen del sector», ha sostenido el diputado, quien ha lamentado que los socialistas acudan a la comisión con la idea de rechazar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.

«Por muchas propuestas que hagamos nunca aprueban nada. ¿Todo lo hacemos mal?», se ha preguntado el diputado del PP, quien ha insistido en que este proyecto de ley no soluciona nada y crea problemas. «La intervención de la Consejería es total», ha denunciado.

CS PIDE DEVOLVER LA LEY A LA CONSEJERÍA

Desde Ciudadanos, que ha presentado 44 enmiendas a este proyecto de ley, su diputada Elena Jaime ha afirmado que esta ley es «muy mejorable» y, a su juicio, lo que trae es «más papeleo» para los agricultores, expropiación y prohibiciones. «Esta ley no se sostiene», ha dicho la parlamentaria de CS, quien ha pedido devolver el proyecto a la Consejería y que «le den una vuelta».

Asimismo, ha propuesto eliminar la expropiación de esta normativa porque podría suponer una «posible violación» del artículo 33 de la Constitución. «Las tierras son de sus propietarios y ustedes no son quiénes para arrebatárselas basándose en parámetros subjetivos y sin ninguna base. Ni 10 años ni 30, ni siquiera un día».

La formación naranja también pide, entra otras cosas, el carácter voluntario de la inscripción en el banco de tierras y propone impulsar el banco de tierras sin tener que recurrir a la expropiación. «No pueden decir que quieren impulsar la agricultura expropiándole las tierras a sus propietarios», ha avisado Jaime.

Ciudadanos también ha propuesto la supresión de la disposición adicional primera sobre bancos públicos de agua porque entiende que «el derecho al acceso al agua, como bien público y derecho humano, debe ser el mismo para todas las explotaciones agrarias, sean o no familiares».

Esta nueva normativa beneficiará a 120.000 personas de Castilla-La Mancha, según estimaciones del Gobierno regional.