La Diputación de Albacete y el Gobierno de Castilla-La Mancha han firmado un protocolo para conformar una Agenda Común en la lucha contra la despoblación, con dos ideas básicas, garantizar el acceso a servicios públicos de todos los ciudadanos así como a las infraestructuras básicas, todo ello bajo la premisa de la concertación.

«La despoblación se debe abordar de manera transversal y desde todas las administraciones, y esto es lo que hacemos hoy aquí», ha celebrado el presidente de la institución provincial, Santiago Cabañero, que ha destacado la Ley 2/2021 aprobada por la Junta, «pionera en España y en Europa en luchar de forma seria contra este problema».

Ley de la que, en el caso de Albacete, se benefician 68 municipios, 41 de ellos en situación de extrema despoblación, en los que residen el 17 por ciento de la población total de la provincia.

En este sentido, como ha anunciado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, atendiendo a una disfuncionalidad que detectaron en la Ley de Despoblación y que afectó a Barrax, Minaya, Fuensanta, Montalvos y Villalgordo del Júcar, la Junta ha extendido las medidas fiscales a estos cinco municipios, que podrán beneficiarse de la incentivación de un 20 por ciento adicional para los proyectos empresariales que se ubiquen en ellos, así como de las deducciones fiscales de hasta el 15 por ciento del tramo autonómico del IRPF en la siguiente campaña de la renta, que comenzará en apenas dos semanas.

«Buscamos hacer que los pueblos sean lugares atractivos para vivir, pero también para invertir gracias a las medidas de incentivación positiva para el fomento de la actividad económica en estas zonas», ha señalado Martínez Guijarro.

1.700 MILLONES PARA LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Del mismo lado, el vicepresidente ha subrayado que el Gobierno regional destina 1.700 millones de euros a la lucha contra la despoblación, lo que supone el 23 por ciento del techo de gasto de la Comunidad Autónoma y el 3,6 por ciento del PIB de la región.

Presupuesto que se destina a, por ejemplo, «las garantías de apertura de colegios a partir de cuatro niños en una localidad, la proximidad de las urgencias rurales como máximo a 30 minutos o la atención a personas en un radio de 40 kilómetros a su domicilio».

Por su parte, Cabañero ha detallado el presupuesto destinado desde la Diputación a este ámbito, con más de 43,5 millones de euros, de los que casi 12 millones se invierten en servicios públicos, más de dos millones en diversificar la actividad económica, 2,3 millones de euros a líneas dirigidas a la conciliación familiar y laboral, mejorar la inclusión social o promocionar la cultura y el ocio, y, por último, más de 27 millones para el ámbito territorial, garantizando la accesibilidad por carretera a las zonas despobladas, fomentando las energías renovables o garantizando el abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas.