La Comisión de Agricultura en el Congreso debatirá este miércoles una proposición no de ley de Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu para pedir la regulación del cannabis no psicoactivo o cáñamo –aquel cuyo porcentaje de tetrahidrocannabinol (THC), la droga euforizante, es inferior a 1%–, con el fin de ofrecer seguridad jurídica a los productores y comercializadores.

En concreto, el partido minoritario del Gobierno y sus dos aliados independentistas instan al Ejecutivo a «avanzar en la regulación integral del cannabis no psicoactivo para dar seguridad jurídica a las actividades de producción, comercialización y consumo de productos derivados del cáñamo industrial».

Según explican, en los últimos años se han comenzado a comercializar en toda Europa productos derivados del cáñamo con valores muy reducidos de THC, conocidos comúnmente como cannabis no psicoactivo, como por ejemplo el CBD, y avisan de que mantener un enfoque restrictivo y contrario a la realidad regulatoria de la Unión Europea relega al Estado español a una situación de atraso e inseguridad jurídica para las personas que producen y comercializan esta planta y sus derivados.

La iniciativa se debatirá apenas un mes después de que el Congreso tumbara una proposición de ley de ERC para regular el cannabis de forma integral. PSOE y PP votaron en contra de tomar en consideración la propuesta, mientras que Unidas Podemos votó a favor.

Y es que, la pretensión de Unidas Podemos, ERC y Bildu es aprobar una norma estatal que regule todos los aspectos que afectan a las actividades del ciclo de producción del cannabis no psicoactivo, así como legislaciones autonómicas en materia de agricultura, desarrollando las directivas europeas para el cultivo de cáñamo industrial de una manera más precisa.

EVITAR QUE ESPAÑA ESTÉ EN DESVENTAJA

La iniciativa que se debate en comisión, recogida por , reclama que esa futura regulación del cannabis no psicoactivo limite el porcentaje de THC al 1%, para así asegurar tanto la ausencia de efectos estupefacientes como un mayor rendimiento de los cultivos y su sostenibilidad conforme al Pacto Verde Europeo. De lo contrario, creen que España estaría operando en este mercado en clara desventaja clara respecto a países de su entorno.

Asimismo, piden a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que se comprometa con el orden jurisdiccional europeo realizando una declaración de conformidad con la resolución del TJUE de 19 de noviembre de 2020 relativa a la no fiscalización del CBD, al no tratarse de una sustancia estupefaciente.