Efectivos de la Unidad de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Toledo, en el marco de la Operación ‘Vimalto’ han investigado a un hombre de 56 años de edad como representante legal de una mercantil ubicada en Yepes por un delito contra la propiedad industrial.

Según ha informado en nota de prensa la Guardia Civil, la cooperativa investigada producía y posteriormente comercializaba botellas de vino como ‘Denominación de Origen Protegida-La Mancha’ haciendo uso en el etiquetado de simbología y marcas propias de la denominación de origen, sin reunir los requisitos necesarios y sin encontrarse autorizada para ello.

Como resultado de las investigaciones y tras la realización de inspecciones entre componentes del Seprona e Inspectores del Servicio de Ordenación Alimentaria, adscritos a la Delegación provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se han inmovilizado un total de nueve palet, con 2.852 botellas de vino etiquetado DOP, ya dispuestas para su venta.

De igual modo, se han incautado 25.000 etiquetas, 29.000 contra-etiquetas y 7.200 cápsulas, todas ellas conteniendo inscripciones y simbología propia de la Denominación de Origen protegida.

Dentro de esta D.O.P., su propio Consejo Regulador mantiene una empresa certificadora, que ejerce como elemento de control para verificar que los vinos cumplen con los requisitos y estándares de calidad establecidos en el pliego de condiciones de los Vinos de la Denominación de Origen La Mancha.

Con estas actuaciones se ha logrado evitar la comercialización en la cadena de distribución, de vino que se identificaba con una calidad diferenciada cuando realmente se trataba de un vino de menor calidad.

En esta investigación han participado conjuntamente inspectores de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y miembros del Seprona de Toledo.

Conforme al Código Penal, la mercantil investigada se enfrenta a penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses por la supuesta comisión de un delito contra la propiedad Industrial.