CUENCA

Cuenca en Marcha pide responsabilidades políticas tras la paralización judicial del derribo del muro de San Antonio

Archivo - Cuenca, en Marcha! propone impedir el procesamiento de purines en el término municipal de la capital
Archivo – Cuenca, en Marcha! propone impedir el procesamiento de purines en el término municipal de la capital

Publicado 19 Apr 2023 16:51

La confluencia conformada por Podemos, IU, Equo e independientes ‘Cuenca en Marcha- Unidas por Cuenca’ ha salido al paso tras conocer que el Juzgado Contencioso-Administrativo de Cuenca ha dictado un auto solicitando la paralización cautelar del muro del Paseo de San Antonio tras un recurso interpuesto por la demarcación conquense del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha.

La concejala y candidata de la formación, María Ángeles García, ha querido agradecer «la actuación del Colegio de Arquitectos en defensa de la legalidad urbanística» y ha solicitado «responsabilidades políticas inmediatas tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento» y señalando que ya está estudiando el caso para tomar acciones por «posible prevaricación administrativa».


La edil ha revelado que en la respuesta del Ministerio de Transportes al recurso que ella misma planteó contra el cierre definitivo de la línea «reconocían que los terrenos todavía no han sido desafectados, por lo que el Ayuntamiento y la Diputación estarían actuando en terrenos que no son suyos».

De esta manera, García ha confirmado, mediante una nota de prensa, que su formación ha pedido acceso al expediente «para estudiar las posibles consecuencias penales que se pueden derivar de estos hechos».

Por último, García considera que la Justicia va a seguir paralizando el llamado ‘Plan XCuenca’ «ya que se advierten graves irregularidades en el procedimiento administrativo y la legislación vigente».

«Por ejemplo todavía el Ayuntamiento no ha respondido a nuestro recurso contra el convenio suscrito entre el Consistorio, la Diputación y Adif para la cesión de los terrenos. Como ya advertí, a más de una persona le va a salir caro actuar de correprisas, y si la Justicia confirma estas irregularidades, las responsabilidades deben llegar al más alto nivel, desde el Ayuntamiento hasta el Ministerio de Transportes pasando por Diputación y Junta», ha sentenciado.

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