El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tendrá que pagar al Ministerio de Defensa para la adquisición del suelo en el que se construirán las 20.000 viviendas públicas anunciadas este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha revelado este miércoles en los pasillos del Congreso la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha explicado que el acuerdo será aprobado «en los próximos días» por el Consejo de Ministros y será entonces cuando se detalle la ubicación de esos inmuebles.

En cualquier caso, Robles ha detallado que el acuerdo pasa por la compra de los terrenos por parte del Sepes (Entidad Estatal del Suelo) al Ministerio de Defensa, ya que la ley no permite la cesión sin que haya una contraprestación económica.

Se trata de zonas que ya no están en uso por el Ministerio de Defensa ni tienen interés para la defensa nacional. Es más, suponen una importante carga económica para Defensa debido a su mantenimiento, ha detallado Robles.

Por ello, ha celebrado que se trata de un «magnífico» acuerdo para todos: «Para Defensa porque va a tener unos ingresos para sus necesidades y para el Sepes porque va a tener terreno para la construcción de vivienda pública», ha subrayado.

La venta, acordada tras «meses» de negociaciones entre el Sepes y el Instituto de Vivienda de la Defensa (INVIED), permitirá a las Fuerzas Armadas dedicar ese dinero «en necesidades de la defensa nacional».

«La Ley no permite que Defensa pueda ceder los terrenos gratuitamente, sino que necesariamente tiene que recibir una contraprestación», ha insistido la ministra, que ha avanzado que se trata de suelo repartido por «todo el territorio nacional».

«Son inmuebles en distintos lugares de la geografía nacional y que el Ministerio hace años que no utiliza –ha detallado–. Para Defensa es una buena operación porque el Sepes va a pagar un dinero que se invertirá en necesidades de la defensa nacional».