Un total de 8.155 votos por correspondencia en Melilla no han sido entregados en Correos a horas de cerrarse el plazo para ejecutar las 11.727 solicitudes tramitadas en la ciudad autónoma para las elecciones del 28-M, un procedimiento con polémica por el cruce de acusaciones entre las formaciones locales tras la investigación judicial con diez detenidos por presunta compra de votos.

Según datos del Ministerio del Interior, hasta este 25 de mayo –el último día para ejecutar el voto en Correos– se han validado 3.612 papeletas, es decir, el 30% de las 11.727 solicitudes que se llegaron a tramitar. El dato está pendiente de una última actualización que se realizará este viernes.

Las solicitudes para las elecciones del 28-M llegaron a triplicar los 4.210 votos por este procedimiento que se registraron en los comicios de 2019, sobre un censo de unas 60.000 personas.

Tanto Delegación del Gobierno como el Ministerio del Interior sostienen que hay garantías para celebrar unas elecciones limpias después de adoptar medidas como poner escoltas a los carteros que sufrieron robos y solicitar el DNI también en el momento de presentar en Correos el voto por correspondencia.

El jueves, un día después de la operación con diez detenidos por delito electoral y pertenencia a organización criminal, el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, cesó a su consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al-Lal. El dirigente de Coalición por Melilla (CPM) es uno de los diez arrestados por su presunta implicación en la trama de compra de votos.

La Junta Electoral Central (JEC) también ha dictaminado que los votos por correspondencia destinados a Melilla que se depositen en buzones de correo en lugar de enviarse por correo certificado, votos que legalmente se consideran inválidos, no se envíen a las mesas electorales sino a la Junta Electoral de Zona para su recuento.

La JEC confirmó un día antes el acuerdo que adoptó la Junta de Zona de Melilla de aceptar los alrededor de 700 votos por correo que se emitieron antes de la obligación de identificarse con el DNI para poder votar, y es que, según el organismo arbitral, resultaría «desproporcionado» anular esas papeletas con las que ya no se puede dar marcha atrás.