El Ministerio de Justicia ha adquirido el software Bonaparte, con el objetivo de crear y gestionar el banco estatal de AND de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Memoria Democrática.

La ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, ha explicado en un comunicado que este sistema permitirá «integrar perfiles de AND de múltiples laboratorios y realizar búsquedas sistemáticas con restos postmortem procedentes de la exhumación de fosas comunes de las personas desaparecidas para ayudar así en la identificación».

Desde el Ministerio de Justicia han destacado también que en este banco estatal se prevé la integración de los perfiles de AND de las personas afectadas por una posible sustracción de menores cuya denuncia haya sido admitida por los hechos recogidos en la ley.

El contrato incluye la licencia de software permanente, sin limitación de usuarios, por un periodo de cinco años de mantenimiento e implementación de cualquier actualización de software, así como una bolsa de horas anuales para la formación de los usuarios, gestión de incidencias e instalación de parches.

Bonaparte es un sistema avanzado en la creación y la búsqueda automatizada de perfiles de AND de árboles genealógicos complejos, sea cual sea la relación de parentesco de los familiares que donan su AND con la victima que buscan.

Una característica que desde el Ministerio de Justicia han calificado de «esencial», ya que se prevé una alta casuística de árboles genealógicos complejos, por falta de familiares directos. Además, el sistema dispone de un algoritmo matemático para calcular la significación estadística de las compatibilidades de AND que se obtengan.

El software ha sido desarrollado con fondos públicos europeos, creado a petición del Instituto Forense Holandés, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de los Países Bajos, y desarrollado por la compañía Smart Research BV. También ha sido validado en el ámbito forense en distintos escenarios internacionales como la NFI, Interpol o Acic, según han recalcado desde el ministerio presidido por Llop.

Se prevé que la participación en el banco estatal de AND estará formada por alrededor de 12 laboratorios de AND de las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia, Andalucía, Canarias, Madrid, Aragón, Navarra, País Vasco y Galicia.

Las instituciones que tendrán acceso al banco nacional de AND serán los laboratorios de AND estatales y de las comunidades autónomas que participen en proyectos de memoria democrática y previamente hayan sido evaluados satisfactoriamente por la Comisión Nacional para el Uso Forense, de acuerdo con la norma ISO 17.025.

Sin embargo, el banco será gestionado en tareas de mantenimiento, actualizaciones y ciberseguridad por la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, y será el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses el encargado del uso de los algoritmos de la aplicación y de los datos genéticos.