Los países de la Unión Europea se resisten a tomar una decisión sobre la petición española de oficializar el uso del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea hasta que no haya sobre la mesa un dictamen jurídico del Consejo de la UE sobre las consecuencias de la medida y un análisis de su impacto económico y práctico en el funcionamiento del bloque.

Así ha quedado patente tras 40 minutos de discusión en la reunión de ministros de Asuntos Generales de la Unión Europea celebrada en Bruselas y que ha concluido sin que el asunto se sometiera a votación, porque las delegaciones necesitan «más tiempo» para estudiar el asunto, han informado a fuentes europeas.

Una veintena de ministros han tomado la palabra para expresar sus dudas y la presidencia de turno que ejerce España ha «tomado nota» de las posiciones de sus socios en la UE y anunciado que el Consejo «retomará el asunto en una reunión futura», sin aclarar los plazos, han señalado las fuentes.