CLM modifica la Ley contra la Despoblación para incluir a los mutualistas como beneficiarios de las deducciones fiscales

El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando para modificar el articulado de la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación y para le Desarrollo del Medio Rural, aprobada en el año 2021, para que puedan beneficiarse de las deducciones fiscales por residencia en zonas despobladas los mutualistas.

Se trata, tal y como ha apuntado el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, de «mejoras técnicas» destinadas, esencialmente a «aquellas personas que han pertenecido a las mutualidades de funcionarios de la Administración del Estado y que, aun no teniendo la tarjeta sanitaria del Sescam, reciben la prestación sanitaria del Sescam en virtud del convenio que tiene con estas mutualidades».

Según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, Martínez Guijarro ha recordado que esta norma ha sido pionera a nivel nacional porque, no solo fue la primera en aprobarse, sino que incluye la política fiscal como una herramienta para hacer frente al problema demográfico, con el objetivo de hacer que los pueblos sean «atractivos para vivir y para invertir».

En la pasada campaña de la Renta del año 2022, más de 80.000 personas resultaron beneficiadas por las deducciones fiscales incluidas en la ley solo por el hecho de tener su residencia efectiva en zonas afectadas por la pérdida demográfica. Esos 80.000 beneficiarios suponen un 30 por ciento más que los contabilizados en la campaña de la renta del año anterior, 2021, el primero en el que se aplicaba esta fiscalidad diferenciada.

Las deducciones fiscales que contempla la ley son de hasta un 25 por ciento del IRPF por estancia efectiva en pueblos afectados por la despoblación; un 15 por ciento por compra o rehabilitación de inmuebles y una deducción de 500 euros durante los dos primeros años en la cuota íntegra autonómica por traslado de vivienda habitual por motivos laborales en zonas escasamente pobladas.

Desde la entrada en vigor de esta ley en el año 2021 se ha registrado un saldo migratorio positivo de 11.500 personas en aquellas localidades catalogadas en riesgo, intensa o extrema despoblación.