El exministro de Economía Rodrigo Rato se niega a responder preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en juicio por presunto incremento ilícito de su patrimonio

En el inicio de un juicio clave celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid, Rodrigo Rato, exministro de Economía y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha tomado una postura defensiva ante las graves acusaciones que enfrenta.

Rato, quien también ocupó el cargo de vicepresidente del Gobierno, se enfrenta a cargos que incluyen 11 delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, con un presunto fraude que asciende a más de 8,5 millones de euros en la gestión de su patrimonio.

En consecuencia, podría enfrentarse a una pena total de aproximadamente 70 años de prisión.

Durante su declaración, Rato ha anunciado que no responderá a las preguntas de la Fiscalía ni de la Abogacía del Estado, argumentando el uso indebido de «correos no expurgados que afectan a terceras personas» como parte de la evidencia presentada contra él. A lo largo de cuatro horas de interrogatorio, defendió vehementemente su inocencia, describiendo las acusaciones como una «fabulación» por parte de la Fiscalía Anticorrupción y acusó a los investigadores de ocultar información y tergiversar datos con el objetivo de incriminarlo, refiriéndose a las imputaciones como «la búsqueda del tesoro perdido».

Este juicio marca el tercer proceso legal importante para Rato, quien ya fue condenado en 2017 en el caso de las tarjetas black y absuelto en 2020 por la salida a Bolsa de Bankia. La fiscalía sostiene que desde 1999, Rato urdió una compleja red societaria para ocultar su patrimonio y evadir impuestos, incluyendo el cobro de comisiones ilegales por contratos publicitarios durante su etapa en Caja Madrid y Bankia.

El juicio continuará con el interrogatorio a Rato y a otros acusados, entre ellos José Manuel Fernández Norniella, exvicepresidente de Caja Madrid, quien ha optado por ejercer su derecho a no declarar. Este caso vuelve a situar en el foco público las cuestiones de corrupción en las altas esferas de la economía y la política españolas, con implicaciones significativas para la percepción de la integridad institucional y la justicia.