
Publicado 9 May 2024 15:01 | Actualizado 9 May 2024 15:15
La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha celebra el Día de Europa este jueves con un decálogo de propuestas para fortalecer la sociedad civil en un año en el que la proximidad de las elecciones europeas definirá el plano político y público del espacio supranacional.
El presidente de la Mesa del Tercer Sector, José Antonio Romero, ha indicado, que «nos jugamos mucho en Europa, ya que las decisiones de Bruselas nos afectan cada día». «La configuración normativa en escala descendente nos lleva a plantear problemas que son tan importantes en Bruselas como cercanos a la realidad de Castilla-La Mancha».
Por ello, Romero ha apostado por una gobernanza de los asuntos públicos que sea más justa en el aspecto socioeconómico; más inclusiva y respetuosa en los derechos; y más garantista con los las personas vulnerables, ha informado este organismo en nota de prensa.
En este sentido, el decálogo comienza con los tres primeros puntos abordando el tema de la renta personal, salarios mínimos y lucha contra la pobreza.
Incluye además un cuarto punto que hace incidencia sobre la importancia de luchar contra la pobreza infantil.
La propuesta del Tercer Sector de cara a las elecciones europeas pasa por pedir una directiva de no discriminación a personas con discapacidad garantizando sus derechos de participación y representación pública.
Otro de los aspectos propuestos desde el sector es la creación un Intergrupo sobre voluntariado.
Uno de los puntos más importantes propuesto es el impulso de una financiación adecuada. «Ordenada y coherente –ha defendido Romero–, que ha recordado que Europa establece en su Directiva de contratación pública el concierto social como fórmula de gestión para servicios sociales».
Algo que, a juicio de José Antonio Romero, «es un camino al que en Castilla-La Mancha como región debe transitar, si no de un año para otro, sí paulatinamente».
Y todo ello «para reducir la incertidumbre en las entidades que componen el tercer sector en la región y para que puedan afrontar la prestación de servicios con garantías jurídicas y económicas suficientes», ha concluido Romero.
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