USO y Uptes piden al Sescam su implicación «directa» para negociar un nuevo convenio que mejore jornada y sueldo

Varias decenas de trabajadores del servicio de transporte sanitario de Castilla-La Mancha, al amparo de la Federación de Servicios de USO en Castilla-La Mancha y la Unión profesional del transporte y emergencias sanitarias (Uptes), se han concentrado este miércoles para exigir al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que se implique «de manera directa» en la negociación de un nuevo convenio que ataje la pérdida de poder adquisitivo y las jornadas excesivas que tienen.

Así se han pronunciado, en declaraciones a los medios ante la sede del Sescam, el responsable de la Federación de Servicios de USO en Castilla-La Mancha, Carlos Sánchez, y el representante de Uptex, Celso Cisneros García, quienes han apuntado que lo que piden es que el convenio, paralizado dos años, «empiece a rodar».

«Llevamos ya más de dos años en una mesa de negociación, donde el convenio está totalmente paralizado y necesitamos que alguien empuje a que esto se abra», ha explicado Cisneros García, quien ha señalado que este es «un banco con tres patas» –trabajadores, empresas y Sescam–, que «tiene que funcionar», y para ello es necesario «aplicar lo que está marcando hoy en día en el Ministerio de Trabajo».

Así, demandan que la reducción de la jornada se aplique en un sector que actualmente realiza más de 2.180 horas de urgencia cuando «lo normal» en cualquier sector serían unas 1.800. «No estamos pidiendo ninguna barbaridad, principalmente tener un convenio que regule el trabajo de este sector», ha comentado.

«Necesitamos esto, necesitamos que el Sescam empuje» a las empresas y a los sindicatos mayoritarios «a que se sienten en una mesa de negociación y lleguen a los acuerdos para que tanto los trabajadores como las personas que son utilitarias de este servicio puedan estar bien y que no haya ninguna diferencia esencial para seguir llevando nuestro trabajo».

Un trabajo que «se está haciendo cada vez más problemático» al no contar con un convenio actualizado, de tal manera que el actual «se está aplicando de aquella manera» y con unas condiciones u otras en función de la provincia.

De su lado, el responsable de la Federación de Servicios de USO en Castilla-La Mancha ha apelado igualmente a la «atención e intervención» del Sescam porque «de manera indirecta es el tercer responsable» teniendo en cuenta «que al final los concursos vienen proporcionados por la partida presupuestaria del Sescam».

Ha abundado en que el convenio lleva paralizado dos años y en ese tiempo los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo y se encuentran «en un limbo en cuanto a las condiciones».

La situación afecta a entre 1.200 y 1.300 trabajadores que dependen de tres empresas en Castilla-La Mancha –la del Grupo San Román, en Toledo; SSG Servicios, en las provincias de Ciudad Real y Albacete, y una más en la provincia de Cuenca– a los que habría que sumar entre 800 y 900 en el ámbito programador.

Carlos Sánchez ha recordado, en este punto, cómo en 2019, durante la pandemia, este sector no dio solamente «su parte laboral, sino que también dieron muchos de ellos incluso sus vidas». «Hoy lo que reclamamos es que esos aplausos que en su momento se dieron, que sean efectivos», ha subrayado.

Finalmente, ha admitido que ha habido una reunión por parte de las empresas con la otra parte sindical de la negociación del convenio, de la que han sido excluidos. «Con las empresas mantenemos el contacto, pero estas se escudan en que el Sescam no da más dinero y que por tanto no pueden hablar de avances económicos en cuanto a subidas salariales».