El Gobierno destina a las CC.AA 783,1 millones de euros para Dependencia, misma cantidad que en 2023 por falta de PGE

El Gobierno repartirá este 2024 más de 783 millones de euros (783.197.420) para financiar el sistema de atención a dependencia, según han anunciado este lunes desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Se trata de la misma cantidad de dinero que el año pasado debido a la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024, según han confirmado a Europa Press fuentes de este departamento. No obstante, el ministerio recuerda que se trata de la «cifra más alta de la historia» en este área.

El anuncio se ha hecho en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que se ha celebrado este lunes en Madrid, y en el que se ha abordado también la próxima reforma de la Ley de Dependencia y de la Ley de Discapacidad, así como la gestión de las tarjetas monedero.

El encuentro ha contado con la participación de todos los gobiernos autonómicos, y ha estado presidida por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy y por la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

En este sentido, Bustinduy ha señalado que el objetivo de repartir más de 783 millones de euros para dependencia es «corregir la infrafinanciación histórica que ha tenido siempre este sistema, agravada en la década pasada con los recortes». Para ello, ha señalado que ha fijado como meta que la Administración General del Estado alcance el 50% del total de la financiación en Dependencia, como recoge el Acuerdo de Gobierno entre PSOE y SUMAR, en cuya redacción se refleja también el compromiso por parte de las Comunidades Autónomas de mantener su inversión.

Asimismo, el ministro ha apuntado que este acuerdo «es necesario para mejorar y fortalecer el sistema de atención a la dependencia, así como para poder iniciar la transición a un nuevo modelo de cuidados para personas dependientes», tal y como establece la estrategia estatal aprobada la semana pasada, en la que se priorizan los cuidados en el domicilio, la teleasistencia y los centros de día.

En este Consejo Territorial también se ha acordado la constitución de un grupo de trabajo específico sobre financiación en materia de dependencia. En esta línea, el ministro ha pedido que este grupo sirva para llevar a cabo una «reflexión estratégica» sobre el sistema de atención a la dependencia y ha pedido a todos los gobiernos autonómicos llevar a cabo una «política de Estado de amplios consensos que permita blindar los recursos necesarios y que evite que vuelva a haber recortes en el sistema».

Por otra parte, se ha abordado la modificación de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley para la Autonomía y Atención a la Dependencia que el Ministerio de Derechos Sociales está llevando a cabo con el objetivo de adaptar la normativa a las demandas y necesidades de la sociedad actual, así como para adecuarla al nuevo artículo 49 de la Constitución Española, y a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

Esta reforma se realizará a través de un único anteproyecto de ley que será aprobado este mismo verano, en primera lectura, por el Consejo de Ministros. Para esta modificación, en este Consejo Territorial se reafirmado la voluntad de que Ministerio de Derechos Sociales y comunidades autónomas sigan trabajando de forma estrecha para alcanzar un texto de «amplio consenso y transversalidad».

Además, en el encuentro también se ha abordado la gestión del programa básico de tarjetas monedero, el nuevo sistema para ofrecer alimentos y productos de primera necesidad a familias en situación de extrema vulnerabilidad. Este sistema se puso en marcha en abril de manera transitoria por parte de la Administración General del Estado, en colaboración con Cruz Roja, y desde mayo está siendo gestionado por los gobiernos autonómicos.

Sobre este punto, el Ministerio de Derechos Sociales ha presentado una propuesta a los gobiernos autonómicos para seguir trabajando de forma conjunta y facilitar así que el sistema de tarjetas monedero siga operando más allá de 2024, cuando finaliza la gestión transitoria del Gobierno de España. Esta propuesta, según han añadido desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy, ha sido aprobada por unanimidad por todas las partes.

En este sentido, fuentes del departamento que dirige Bustinduy han asegurado a Europa Press que el ministerio ha instado a las comunidades autónomas a que trabajen para hacerse cargo de la gestión en solitario de las tarjetas monedero a partir del 1 de enero. En paralelo, han indicado que va a trabajar en explorar vías de negociación, incluida la Comisión Europea, para desplegar el programa.

Asimismo, Derechos Sociales ha explicado que los gobiernos autonómicos ya están llevando a cabo su labor de identificar a las familias a las que se asignarán estas tarjetas monedero y derivar a estas familias a Cruz Roja para la entrega de las tarjetas. Actualmente, ya hay seis comunidades que han comenzado a derivar a familias a Cruz Roja para que puedan recibir estas tarjetas, y está previsto que el grueso de las demás comunidades autónomas inicie las derivaciones de forma inminente.

En relación con otros asuntos, en este consejo también se ha informado sobre los criterios de distribución de las cuantías del crédito destinado a la financiación del Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil, Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y del Plan de Desarrollo Gitano.

Además, han abordado la propuesta de reparto de los recursos con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades, para el año 2024, para la concesión de subvenciones a los programas de interés general.

Por último, en el Consejo Territorial celebrado este martes se ha acordado que Asturias será la próxima sede del Congreso Estatal del Voluntariado en 2024. Igualmente, se ha aprobado una guía elaborada por el Centro Español de Autismo orientada a las comunidades autónomas con orientaciones y apoyos dirigidos a las familias de personas con autismo.