Sumar desea un acuerdo para el CGPJ y no renuncia a plantear en el futuro rebajar mayorías para elegir a vocales

Errejón deja claro que rechazan la exigencia del PP de cambiar el modelo para que los jueces elijan a los miembros del órgano

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigro Errejón, ha afirmado que desean un acuerdo entre PSOE y PP para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque ha proclamado que su formación rechaza la exigencia de los populares de que sean los jueces los que elijan a los vocales del organismo.

Además, ha reivindicado que el socio minoritario del Ejecutivo no renuncia a impulsar en el futuro una reforma que implique rebajar las mayorías parlamentarias de los 12 vocales que debe elegir el Congreso, al sentenciar que se debe abordarse pasado un tiempo prudencial para evitar que vuelva a repetirse una situación de bloqueo.

En rueda de prensa en el Congreso, Errejón ha explicado que las negociaciones para la remodelación del CGPJ las protagonizan PSOE y PP, de las cuales Sumar está «puntualmente informado» de los contactos que se realizan con coordinación entre la coalición del Gobierno.

Al respecto, Errejón ha manifestado que desea que esta vez las negociaciones «salgan bien» y se ponga fin al «secuestro» del PP al órgano de gobierno de los jueces, que se ha prolongado cinco años vulnerando la Constitución.

No obstante, el portavoz de Sumar se ha mostrado también cauto dado que en ocasiones anteriores se ha estado cerca de un pacto que luego ha descarrilado. Por tanto, ha apelado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en esta ocasión «no le tiemblen las piernas» ante los «ultras».

Respecto a la posibilidad de que el acuerdo implicara un cambio de elección de los vocales del CGPJ dando esa competencia a las asociaciones judiciales, Errejón ha criticado que con esta demanda el PP demuestra que es «incoherente», dado que solo lo plantea cuando está en la posición mientras que en el Gobierno acepta el sistema actual.

A su vez, el portavoz parlamentario ha dejado claro que «al margen» de que esta negociación para el CGPJ pueda llegar a buen puerto, Sumar no renuncia a su agenda de democratización de las instituciones y planteará tanto la reforma del acceso a la carrera judicial como la reducción de las mayorías parlamentarias en situaciones de bloqueo en la reconfiguración del Poder Judicial.

En consecuencia, ha desgranado que su planteamiento es que «pasado un tiempo razonable» se acometa la modificación del sistema de elección de los vocales que debe elegir el Congreso sin que sea necesario dos tercios de la cámara, con el fin de evitar que vuelva a producirse un «secuestro del organismo».

En todo caso, ha dejado claro que Sumar no apoyará en ningún caso ese criterio, desde la convicción de que no puede haber ningún poder del estado que se «autoelija», máxime cuando en el caso del judicial es evidente que presenta un claro «sesgo ideológico». «Todos los poderes deben emanar del pueblo español», ha ahondado Errejón.

Por su parte, el dirigente de los ‘comunes’ y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha afirmado que llevan mucho tiempo a favor de una reforma del CGPJ llegue al Congreso, con el objetivo de «democratizar» el órgano para hacerlo «más plural» en vez de darle «más poder» a los jueces «conservadores» que es a lo que aspira el PP.

También ha mostrado su desconfianza en que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sea capaz de actuar con un «mínimo de independencia» respeto a otros dirigentes del partido, aunque ha matizado que si» no recibe ninguna llamada» del expresidente José María Aznar o la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, «no lo acusa de blando», es «posible que pase algo». «Pero yo tengo francamente mis dudas», ha zanjado.

Por otro lado, Errejón ha criticado la sentencia del Tribunal Supremo que condena a tres años y medio de prisión a seis sindicalistas de Gijón por realizar acciones durante una huelga en la empresa en la que trabajaban.

Así, ha denunciado que existe un «retroceso brutal» en materia de derechos sindicales pese a la reforma que se hizo del Código Penal, cuando se derogó el delito de sedición, para salvaguardar que las protestas sindicales no fueran consideradas delito.

Por tanto, ha avanzado que Sumar estudiará emprender otra rerforma del delito de coacciones del Código Penal para que éste no sirva para «castigar la libertad de expresión y la acción sindical». Y es que ha alertado de que existe una doble vara de medir por el cual la ley se utiliza contra personas de ideología progresista.