Cooperativas rechaza el proyecto de tierras raras en Ciudad Real y apuesta por el apoyo institucional al sector

Una veintena de entidades exigen respeto a los productores y el mayoritario sentir de rechazo de la ciudadanía y consideran que la actividad extractiva defendida por la mercantil Quantum Minería no es germen de riqueza para la provincia de Ciudad Real sino que generará despoblación a largo plazo, por lo que piden a la Junta un rechazo contundente a la propuesta teniendo en cuenta el «desfavorable coste-beneficio» que entraña y sus «múltiples riesgos» de cara al futuro.

Los colectivos profesionales recuerdan que según el último informe elaborado por Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha el 10,5% de la población mayor de edad de la Comunidad Autónoma está asociada a alguna de sus entidades y el 45% vive en el medio rural, lo que demuestra la relevancia social y económica de estas empresas en la región y la necesidad de brindar toda la protección y el apoyo institucional pertinente a sus actividades, ha informado Cooperativas en nota de prensa.

De hecho, añade que el 14% de la base social de cooperativas españolas es socia de una cooperativa en territorio castellanomanchego y el 32% de las familias de la Autonomía percibe rentas de alguna de ellas.

«La provincia de Ciudad Real tiene, por derecho propio, un peso específico dentro de este ámbito con 101 cooperativas que ofertan productos de referencia como el aceite de oliva o el vino a nivel regional, pero también otros como los cereales, la producción hortofrutícola y los productos ganaderos que, más allá de la economía local, fomentan la expansión y comercialización a nivel nacional e internacional de la producción de calidad castellanomanchega», subraya.

Es en este contexto donde una actividad como la minería de tierras raras «no tiene sentido», apunta, no sólo porque el proyecto ‘Neodimio’ «es tan sólo un conato incipiente de lo que los verdaderos planes de la empresa podrían suponer para buena parte de la provincia de Ciudad Real durante una fase de explotación, sino porque expertos del ámbito científico han alertado que esta actividad es incompatible con la protección del medioambiente y la biodiversidad que sustenta la actividad agropecuaria».

«Porque de hecho el suelo no puede ser considerado como un elemento inerte de quita y pon sino que se trata de un ser vivo pues tanto su biodiversidad microscópica como los distintos elementos de la cadena trófica integrados en el mismo son responsables de numerosos procesos ecológicos que son claves en la producción agrícola», subraya.

Asimismo, afirma que los organismos del suelo actúan como agentes primarios para la conducción de nutrientes, la regulación de la materia orgánica y la reorganización del ciclo del carbono al modificar su estructura física y favorecer el almacenamiento de agua, aumentando la disponibilidad de nutrientes para la vegetación y por extensión la salud de las plantas.

«Estos servicios no sólo son esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas naturales, sino que constituyen un recurso vital para la gestión sostenible de los sistemas de producción de alimentos saludables», sostiene.

Bajo su punto de vista, los suelos agrícolas, y más en un contexto de sequía como el actual, desempeñan un papel fundamental en la sostenibilidad del medioambiente y por ende en la producción agroalimentaria. «Por ello, es crucial protegerlos de actividades que puedan poner en riesgo su fertilidad y productividad».

«Y no olvidemos que, pese al garantismo de la actual legislación minera que algunos defienden, esta no ha podido evitar auténticos desastres ambientales en diferentes puntos de la geografía nacional que sí han terminado afectando a los sectores productivos», afirma.

Por otra parte, asegura que están las intenciones declaradas de la empresa, que incluso ha llegado a afirmar que pretende tratar mineral de otros países en la provincia, mineral que en el caso de las tierras raras cuenta con la presencia de trazas de elementos radioactivos como el torio y el uranio.

«Sencillamente, convertir la provincia de Ciudad Real en una suerte de vertedero de residuos contaminantes para el beneficio de unos pocos no es solución ni futuro ni es compatible en modo alguno con una actividad como la nuestra que dinamiza socialmente, genera empleo y otorga un merecido prestigio a nuestra región», manifiesta.

Según Cooperativas, desde el 2017 han sido tanto la Junta de Castilla-La Mancha como los propios tribunales de justicia, además, los que han rechazado los proyectos de la empresa al determinar que son «incompatibles e inviables desde el punto de vista medioambiental» respaldados por informes de múltiples entidades de referencia como la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) o la Fundación Internacional para la Restauración de los Ecosistemas (FIRE).

En contraste, la actividad de las cooperativas agroalimentarias tanto en Ciudad Real como en Castilla-La Mancha «es un elemento vertebrador a nivel económico y social que resulta esencial esencial para enfrentar el desafío demográfico y garantizar la sostenibilidad del medio rural al fijar población, aportar un impagable valor añadido al territorio y garantizar futuro y estabilidad a las familias».