Madrid, Murcia, Valencia y Andalucía mandan una carta a Ribera preocupadas por «la deriva de la política hídrica»

Avisan de que la situación se ha agravado por la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo y el incremento de los caudales ecológicos

La Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía han enviado una misiva a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, alertando de las «graves consecuencias» que tendrán las próximas reglas del Plan Hidrográfico del Tajo y mostrando su preocupación por «la deriva de la política hídrica» del Gobierno de España.

Los gobiernos de estas cuatro comunidades autónomas recuerdan que ya interpusieron demandas ante el Tribunal Supremo por la modificación de los caudales ecológicos del Tajo y la reducción de las concesiones.

En la carta, recogida por Europa Press, las cuatro autonomías señalan que en los últimos años han seguido «con preocupación» la deriva de la política hídrica del Gobierno de España «y la afección que ello conlleva en numerosos territorios del país».

«Como bien sabes, el agua es un recurso necesario para la vida, para el desarrollo económico, social y medioambiental de nuestras regiones, especialmente en un momento donde las condiciones climatológicas adversas nos castigan con temperaturas muy elevadas y precipitaciones que no cubren las necesidades», refleja el texto.

Los gobiernos autonómicos, todos ellos gobernados por el Partido Popular, aseguran que la situación «se ha agravado en los últimos meses fruto de la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo y el incremento de los caudales ecológicos»: «Asunto ya debatido y llevado a los tribunales por entender que se trata de una decisión poco motivada técnicamente y con unas consecuencias irreversibles para aquellos que necesitamos de aportes extra para garantizar el abastecimiento en los hogares, las industrias y el riego de los cultivos que surten de productos de calidad a toda Europa».

Estas comunidades autónomas consideran que la aprobación de dicho Plan «no puede ir en contra de la posibilidad de abordar una planificación hidrológica nacional» y advierten de que «la realidad es que el Gobierno de España ha permitido que un plan de cuenca invada y se apropie de decisiones que ponen en riesgo la viabilidad del Trasvase Tajo-Segura y sus dos trasvases asociados, el Tajo-Segura y Tajo-Guadiana».

«Entenderá la preocupación de los aquí firmantes sobre el desmantelamiento de hecho de la planificación hidrológica nacional, que se vería supeditada a las decisiones que se adopten de manera unilateral en cada demarcación, sin la posibilidad de una perspectiva conjunta y de que una autoridad superior, con perspectiva nacional, disponga criterios y condiciones, de obligado cumplimiento, en función del interés general», señalan.

En este punto, las cuatro autonomías remarcan que «no es imaginable» que la Confederación Hidrográfica del Tajo haya adoptado estas decisiones «sin el conocimiento y consentimiento del Gobierno de España del que jerárquicamente depende».

Por ello, apuntan que es responsabilidad del Ministerio de Teresa Ribera, «por acción u omisión, haber dado lugar a la lamentable situación actual, con planes aprobados incompatibles entre sí, con un grave cuestionamiento de la legislación nacional sin tener capacidad normativa para ello, con unas presuntas opciones alternativas y compensatorias que con toda seguridad no van a estar disponibles en 2O27, que requieren importantísimas subvenciones de mera oportunidad política, inviables a medio y largo plazo, de dudosa legalidad e idoneidad ambiental, y que no están contempladas en la planificación hidrológica recientemente aprobada».

Del mismo modo, los firmantes afirman que siguen sin tener respuesta «que acredite la relación funcional entre el buen estado de la lámina de agua y la modificación de caudales prevista».

«No hay constancia de que esa modificación vaya a tener efectos ambientales significativos», remarcan las cuatro comunidades, que añaden que lo que sí queda patente «es que conllevará una reducción de 100 hectómetros cúbicos anuales de envíos a las zonas más necesitadas, así como modificaciones concesionales relevantes para el consumo».

Ante esta situación, reafirman su voluntad de agotar los recursos interpuestos en vías judiciales, acudiendo si fuese necesario a instancias comunitarias «ante el incumplimiento de la Directiva Marco del Agua por parte del Ministerio».

A su juicio, el Ministerio «no ha promovido la obligada concertación, no ha ponderado las circunstancias concurrentes, no ha valorado los costes desproporcionados incurridos, no ha asegurado la coordinación de los programas de medidas de los planes, y no ha previsto la posibilidad, en su caso, de las excepciones contempladas en la normativa europea».

Por todo lo anterior, y ante la «tremenda preocupación» que esta deriva despierta en los 22 millones de españoles a los que representan estas comunidades autónomas, reiteran su absoluta disposición a realizar un trabajo técnico conjunto para el desarrollo de las nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, solicitud que «aunque ya ha sido expresamente rechazada y sustituida por un trámite de consulta pública rutinario», mantienen «firme».

«El interés general no se obtendrá por la suma de intereses particulares, y en nuestro ordenamiento existen mecanismos específicamente dispuestos a ese fin. La actualización e impulso de la planificación hidrológica nacional es una necesidad ineludible, e ignorarla solo conducirá a agravar la situación. Sin prejuicios ni reservas, el Gobierno puede contar con la Región de Murcia, la Comunidad Valencia, la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía para esa tarea», concluye la carta.