La CHT retira árboles caídos en el cauce del río Tajo en Poveda de la Sierra (Guadalajara)

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico, ha retirado árboles caídos en dominio público hidráulico, previamente identificados por el Servicio de Vigilancia y Control de la CHT como vegetación muerta, en el cauce del río Tajo y en el arroyo de la Hoz en Poveda de la Sierra (Guadalajara).

Durante el pasado mes de agosto, la Confederación procedió a la retirada de esos árboles caídos en el cauce del río Tajo, entre el salto de la Poveda y la fuente del Berro y en el cauce del arroyo de la Hoz, aguas arriba del núcleo urbano de Poveda de la Sierra, según ha informado la CHT en nota de prensa.

En ambos casos se han empleado medios humanos para la retirada de la vegetación, con apoyo de maquinaria. Estas actuaciones de conservación y mantenimiento de los cauces tienen como primer objetivo garantizar su capacidad hidráulica frente a futuras precipitaciones. Asimismo, llevadas a cabo en el entorno del Parque Natural Alto Tajo, también tienen como fin el facilitar el desarrollo de actividades recreativas, tales como el descenso en piragua del río.

Dichas actuaciones, con un importe total de 11.280,41 euros, se han realizado en el marco del ‘Encargo de actuaciones prioritarias para conservación, restauración y recuperación de cauces en la Demarcación Hidrográfica del Tajo’. Cabe señalar el importante esfuerzo que esta Confederación Hidrográfica del Tajo realiza cada año en este tipo de actuaciones, con inversiones significativas y actuaciones localizadas a lo largo de todo el territorio de la cuenca, tanto en el marco de actuaciones ordinarias como actuaciones de emergencia ante fenómenos de precipitaciones extremas.

También es importante recordar que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 28.4 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, los trabajos de conservación y mantenimiento de cauces públicos que discurren por zonas urbanas corresponden a los ayuntamientos, debiendo acudir, en primera instancia, tanto las diputaciones, como las administraciones autonómicas, en auxilio de los municipios que no disponen de los recursos necesarios para hacer frente a estas competencias.