El Gobierno no ve recorrido a la imputación del fiscal general porque no se podrá demostrar quién filtró correos

MADRID, 16

El Gobierno considera que la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo no tendrá recorrido porque, según indican, en el auto se asume que quien filtró los correos con información reservada es el propio fiscal, una circunstancia que en este momento no está probada y es difícil de demostrar.

Por tanto, varias fuentes del Consejo de Ministros consideran que el asunto no va a prosperar porque las posibilidades de conocer quién filtró a los medios esa información sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es «muy limitada». Según señalan, lo previsible es que los periodistas que publicaron el contenido de los correos electrónicos sean llamados a declarar pero se nieguen a revelar sus fuentes, tal como permite la ley.

En el Gobierno dan por hecho que ningún periodista revela sus fuentes y creen que, a estas alturas, quien haya revelado los correos habrá borrado el rastro. Por tanto, ven escasas posibilidades de averiguar ahora quién es el filtrador.

Tras la imputación de García Ortiz, el Gobierno se ha apresurado a expresar su «total respaldo» al máximo responsable del Ministerio Público, destacando que solo defendió la verdad y desmintió una «mentira» lanzada por Díaz Ayuso. Así lo han dicho en público la vicepresidenta María Jesús Montero, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

ESPERABAN SU IMPUTACIÓN POR LA NOTA DE PRENSA, NO POR LOS CORREOS

En privado, fuentes del Gobierno admiten estar sorprendidos por el contenido del auto del Supremo, en concreto por los argumentos que ha dado para investigar al fiscal. De hecho admiten que esperaban que le imputaran por la nota de prensa publicada por la Fiscalía y cuya autoría asumió García Ortiz en primera persona, en la que se indicaba que el novio de Díaz Ayuso había admitido dos delitos fiscales y buscaba un acuerdo con la Fiscalía para evitar ingresar en prisión.

Por el contrario, señalan, el Supremo ha optado por abrir un procedimiento contra él por presunta revelación de secretos por la filtración de correos electrónicos con información reservada asumiendo que fue García Ortiz quien los trasladó a los medios.

A juicio de las fuentes consultadas ese paso no se puede dar en este momento del procedimiento judicial porque no existe ninguna prueba que demuestre que el responsable de la filtración es el fiscal general. Ocurre lo contrario con la nota de prensa, dado que García Ortiz asumió en primera persona su autoría.

Por tanto consideran que lo más lógico hubiera sido enviar la causa al juzgado de instrucción correspondiente y ya después, en caso de que en el curso de la investigación se demostrase que el filtrador es el fiscal general del Estado, se podría pedir su imputación al Supremo por su condición de aforado.

UNA «CABRIOLA» DEL SUPREMO

Desde esta premisa auguran que la causa no puede tener un desenlace negativo para García Ortiz, que es el primer fiscal general imputado por la Justicia en democracia y tildan el paso dado por el Supremo como «cabriola».

Consideran que la clave del caso está en que el Supremo sitúa el hecho delictivo en la filtración de correos y solo se puede conocer quién está detrás en caso de que los periodistas revelen quién se los facilitó. En este sentido, calculan que alrededor de una treintena de personas tuvieron acceso a esos correos, y todas pudieron revelarlos.

Por ese motivo piensan que abrir una investigación sin saber quién de esas 30 personas es el responsable hace que las posibilidades de seguir adelante con el caso por revelación de secretos sean «muy remotas».

El Gobierno considera por tanto que el Supremo ha dado un paso «muy grave» al ordenar la imputación del fiscal general y dan por hecho que habrá «mucho ruido» durante el proceso, pero confían en que la investigación no llegue a más.