Stop Macrogranjas critica los planes normativos del Gobierno de C-LM para poner fin a la moratoria a las macrogranjas

TOLEDO, 19

Stop Macrogranjas ha criticado este martes los planes del Gobierno de Castilla-La Mancha para poner fin a la moratoria de macrogranjas en la región a través de un paquete normativo que incluye un nuevo decreto de purines, un plan de biometanización 2024-2030, cambios en la Ley de Evaluación Ambiental, cambios en la Ley de proyectos prioritarios para favorecer las plantas de biogás y una nueva Ley de Simplificación y Agilización administrativa.

Según la entidad, los planes normativos pondrán fin a la moratoria vigente desde 2022, dando vía libre a la autorización de explotaciones ganaderas de más de 2.500 cerdos de cebo y para ampliaciones, según han trasladado en una nota de prensa.

Stop Macrogranjas ha señalado que en una reunión sostenida el pasado 2 de octubre entre el director general de Calidad Ambiental, Tomás Villarrubia, y el coordinador de Medio Ambiente, Javier Ariza, y diversas organizaciones ambientalistas y vecinales, se trasladó que la posición de la Junta es que la ganadería industrial aún cuenta con margen de crecimiento hasta alcanzar los niveles de producción de regiones como Aragón o Cataluña.

Una valoración que las entidades participantes en el encuentro, Stop Macrogranjas, Greenpeace y Ecologistas en Acción, han valorado como «extremadamente preocupante, ya que la Consejería con las competencias medioambientales defiende que Castilla-La Mancha aumente su censo porcino, y lo más grave es que tomen Cataluña como modelo a seguir, donde el 45% de los municipios están declarados como vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrícola».

Los colectivos agrupados en Stop Ganadería Industrial prevén que con el fin de la moratoria a partir de enero se tramiten un aluvión de proyectos de construcción y ampliación de macrogranjas que ahora están en pausa.

Según el colectivo, tras la aplicación de la nueva normativa, las macrogranjas de menos de 2.500 cabezas de cebo podrán seguir aplicando los purines sobre los suelos agrarios, mientras que las explotaciones existentes que superen ese nivel tienen un plazo de 10 años para adaptarse a un nuevo método de gestión de purines, como por ejemplo llevarlos a una planta de biogás. Este mismo periodo de gracia se concedería a la adaptación a la normativa de todas las balsas de purines.

Para Stop Macrogranjas, la concesión de este periodo supone un reconocimiento del hecho que muchas de ellas actualmente no están lo suficientemente impermeabilizadas, con los riesgos de filtraciones que ello supone.

Según la plataforma, solo se prohíbe el vertido directo de purines a las nuevas explotaciones de más de 2.500 plazas de nueva construcción, y podrán optar o bien por el transporte a planta de biometanización o la separación sólido-líquido con el compostaje del sólido y la desnitrificación del líquido.

Además, han destacado, el nuevo decreto de purines crea la figura del Grupo de personas Expertas en tratamiento de purines en Castilla-La Mancha (Geteclm) compuesto por expertos de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), miembros del Gobierno regional y representantes del sector cárnico y ganadero. «Destaca la ausencia de organizaciones ambientalistas y colectivos vecinales que sufren los efectos de las macrogranjas en sus municipios», han apuntado desde Stop Macrogranjas.

Por otra parte, han apuntando a la eliminación el artículo que inicialmente estaba en el borrador de este decreto y que permitía a los ayuntamientos establecer limitaciones al esparcimiento de purines en sus términos municipales. Sólo les permitirán limitarlos cuando vengan de fuera por ‘razones técnicas’.

Por otra parte, han manifestado su rechazo al plan de derivar residuos a plantas de biogás, una perspectiva que valoran como una estrategia para perpetuar un modelo que consideran insostenible y con una alta huella de carbono.

En este sentido, sostienen que el problema de la región es que de los 15 millones de toneladas de residuos que genera anualmente, el 70% viene de la ganadería industrial.

Los colectivos integrantes de Stop Ganadería Industrial han valorado que «si la Junta pretende solucionar el grave problema de la contaminación por nitratos se debería aprobar una moratoria real de esta industria. Además, es una locura aspirar a acercarnos a comunidades como Cataluña y Aragón en términos de producción de porcino, cuando estas regiones tienen un grave problema de contaminación de aguas. Actualmente Castilla-La Mancha ya es la comunidad española con mayor porcentaje de sus tierras vulnerables a nitratos».

Los colectivos vecinales y ambientales han afirmado que «está claro que esta reforma del marco legal está hecha a medida de la industria cárnica. De hecho, uno de los altos cargos que está diseñando este marco legal desde la Consejería de Desarrollo Sostenible es Javier Ariza, que fue director Técnico-Sanitario del matadero de Incarlopsa en Tarancón.»

Además, han añadido que «el periodo concedido a las macrogranjas para la adaptación al nuevo decreto de purines es excesivo, ya que en 10 años la contaminación de los acuíferos de nuestra región puede agravarse muy seriamente. De hecho, en un periodo de 10 años (2011-2021) se han ampliado las zonas vulnerables a nitratos en España en casi 4 millones de hectáreas, según datos oficiales del Ministerio de Transición Ecológica».