Gobierno C-LM niega que exista «ruido» en la calle con las entidades sociales porque «hay un acuerdo»

TOLEDO, 6

El Gobierno de Castilla-La Mancha, por boca de su consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha negado este jueves que exista «ruido» en la calle en torno a las entidades sociales de la región porque «hay un acuerdo» con ellas que está «muy trabajado».

Así se ha expresado García Torijano durante un debate general en las Cortes en relación a la política general seguida por el Gobierno regional en relación a la atención de personas con discapacidad, que acumulaba iniciativas de PP y PSOE, y que se ha saldado con la única aprobación de la resolución socialista.

«Nosotros sabemos lo que queremos en Castilla-La Mancha y lo que queremos es hacer lo que estamos haciendo. Queremos estar cerca de los colectivos, de las entidades, de las personas, de todas, de las más vulnerables especialmente, porque queremos seguir ayudando a que nuestra Comunidad Autónoma sea una Comunidad Autónoma creciente, fuerte, cohesionada, justa, humana», ha aseverado.

De ahí que la región, ha continuado, crezca en los presupuestos, en el personal y en las condiciones laborales. De hecho, ha avanzado que para las resoluciones del 2025 de la discapacidad, de las que «van a efectuarse ya los pagos», aún estando en el mes de febrero, «se van a contratar 3.152 profesionales».

El turno de intervenciones lo ha abierto el diputado del Grupo Parlamentario Vox, Luis Juan Blázquez, que ha asegurado que los recursos destinados a los servicios sociales de la región «son, lamentablemente, insuficientes en la inmensa mayoría de los casos», tal y como constatan «muchos agentes sociales del Tercer Sector».

También ha aludido a determinadas cifras como el tiempo de espera para el reconocimiento de la discapacidad que «no mienten y pintan un panorama de fracaso sistémico», a lo que ha sumado «la ineficaz gestión del sistema autonómico y la burocracia administrativa están estrangulando estos procedimientos».

«En Vox defendemos que los servicios sociales deben ser transparentes y dar respuesta con prioridad nacional a las necesidades de las familias castellanomanchegas», ha apuntado, abogando por «aumentar los recursos y los centros para menores con necesidades especiales, así como aumentar la plantilla de profesionales en centros ocupacionales y garantizarles un salario digno, porque a día de hoy no se les paga un salario digno», ha agregado.

Igualmente, ha considerado «urgente» aplicar medidas que agilicen los trámites a fin de ofrecer «un servicio de calidad», tal y como recogía su resolución –que ha sido rechazada, con los votos del PSOE y la abstención del PP–, en la que demandaba implementar medidas para la mejora de la gestión del sistema regional de dependencia, promover la investigación médica con independencia de la rentabilidad comercial de personas con enfermedades raras y crónicas; suprimir la discapacidad como causa legal de interrupción voluntaria del embarazo y crear un protocolo sistemático de atención a las familias que van a tener un hijo con discapacidad.

PP: SOSTENIBILIDAD «EN GRAVE PELIGRO»

Por parte del PP, el diputado José Antonio Martín-Buro ha destacado desde la tribuna que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que sigue en un modelo subvencional para la prestación de estos servicios que son públicos, mientras que el resto se ofrece «a través de convenios, a través de conciertos o a través de contratos» que «disponen de una estabilidad de la que las entidades de nuestra comunidad carecen».

«La sostenibilidad de las entidades que prestan servicio está en gravísimo peligro, y si ustedes no se dan cuenta, les digo que son bastante negligentes. El sistema de financiación a través de las subvenciones en concurrencia competitiva está caduco y va a llevar inevitablemente a las entidades a tener que cerrar recursos. La financiación en muchos recursos no llega ni al 50%, el resto lo tienen que poner entidades de sus fondos propios, fondos que consiguen muchas veces las aportaciones de las familias o de los actos benéficos que se ven obligados a realizar», ha detallado.

De ahí que haya apostado por adoptar «un plan urgente» consensuado con el sector que trabaja en la prestación de apoyos a las personas con discapacidad que garantice la sostenibilidad de las asociaciones que dan servicios y que gestionan recursos para este colectivo, para que puedan hacer frente, por un lado, a los incrementos salariales importantes que se van a producir en el 2025 y, por otro, a los constantes aumentos del coste de la vida».

Martín-Buro también ha instado a la «inmediata convocatoria de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, que en la actualidad está secuestrada por estas Cortes regionales», tal y como recogía su resolución –también rechazada con los votos del PSOE, aunque con la abstención de Vox–.

En ella, los ‘populares’ pedían adoptar un plan urgente consensuado con el sector que compense los gastos de personal que han tenido que asumir las entidades sociales desde el 1 de enero del 2025 bajo el convenio colectivo que rige el sector de las discapacidades, y garantizar normativamente que la subida acordada en negociación colectiva sectorial tenga que repercutirse en el precio de las plazas concertadas que abona la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con las entidades prestadoras de servicio.

PSOE, SISTEMA MEJORADO

El diputado del PSOE José Antonio Contreras ha significado la importancia que para este Gobierno tiene el modelo y atención a las personas «que más nos necesitan», a las personas con discapacidad, respaldado un modelo de atención que se apoye en el Tercer Sector, en los movimientos asociativos y que se centra en las familias y en los entornos naturales y que es público.

El socialista, que ha remarcado que los 4,6 millones de presupuesto que se van a destinar a este ámbito se han pactado con el sector, con el que se ha llegado a un acuerdo «para atender las necesidades que tienen» y que se pueda atender con la mayor calidad, ha repasado cómo la manera en la que se hacen las subvenciones «ha mejorado» tras hablarlo con las entidades.

El PSOE, en su propuesta de resolución –que ha salido adelante con sus únicos votos, el rechazado del PP y la abstención de Vox–, pedía instar al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, articule mecanismos para agilizar el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad y la entrada en vigor del nuevo baremo, y seguir reforzando los recursos y servicios de atención a las personas con discapacidad, tanto con los centros de titularidad pública como a través de las entidades privadas, en especial con el tercer sector social de Castilla-La Mancha.