La Junta lamenta las «incongruencias» de la Ley de Eficiencia de la Justicia y la falta de consenso con las autonomías

SEVILLA, 26

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha informado a los grupos de la Cámara en la comisión parlamentaria del «esfuerzo» que la Junta tiene que realizar para adaptar las sedes judiciales, los recursos humanos y los sistemas informáticos a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia antes de diciembre.

Nieto ha subrayado que se trata de «unos plazos exigentes que no se consensuaron con las comunidades» en el territorio con más órganos judiciales –744 más 700 Juzgados de Paz repartidos en 85 partidos judiciales– y afectada por «incongruencias» como «crear tribunales de instancia en partidos con un solo juez, condenando a los pequeños municipios a no dar el salto a la especialización que promueve la norma».

En una nota de prensa, Nieto ha recordado que la Ley de Eficiencia «estaba aparcada y se activó en último trimestre, se aprobó en diciembre y entró en vigor en enero» con la obligación de estar completamente desplegada en este año 2025. En este sentido, también ha criticado que el Gobierno no haya dispuesto «ni un euro» para ayudar a las comunidades a realizar esta adaptación.

«Más grave aún», ha dicho, es que, pese a que se ha solicitado al Ministerio de Justicia la creación de 56 nuevos juzgados, la respuesta es que «no viene ni un juez», mientras que «a Cataluña, además de 17.000 millones de euros, le mandan 60 jueces de una vez, me gustaría que a Andalucía alguna vez se le tratara como se trata a otros territorios», ha denunciado. Así, el 1 de junio tienen que estar adaptados todos los partidos judiciales con órganos mixtos que, en el caso de Andalucía, son 70, entre ellos 9 donde solo hay un juez que pasará a ser presidente de un tribunal de instancia unipersonal.

«Es un oxímoron un órgano colegiado con un solo juez», ha criticado el consejero, tras lamentar que el Ministerio de Justicia rechazara la propuesta hecha desde Andalucía de agrupar varios partidos judiciales con un solo juzgado, sin perder sedes judiciales, para que también se beneficiaran de la especialización.

La segunda fase prevista en la ley para los partidos judiciales con juzgados de Primera Instancia, de Instrucción y de Violencia de Género, afecta en Andalucía a Marbella, Fuengirola y Torremolinos, que deben estar adaptados antes del 1 de octubre. Finalmente, la fecha tope para los grandes partidos es el 31 de diciembre. En Andalucía son doce (las ocho capitales más Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Motril).

Todo ello supone un «esfuerzo que vamos a tener que realizar en este año 2025 sumado a los que ya estaban previstos». La ley supone «un giro radical de la Justicia, aunque ha lamentado que «España sea el único país de Europa donde se mantienen». Al mismo tiempo, los Juzgados de Paz son relevados por las Oficinas Judiciales Municipales, con más competencias «para hacerle más cercano el servicio de Justicia al ciudadano».

Así, podrán prestar declaración en juicios, obtener informes y datos del Registro Civil o poner en marcha iniciativas de mediación sin tener que desplazarse a la localidad cabecera del partido judicial. Todo ello requerirá adaptar los espacios en 156 sedes judiciales existentes en Andalucía y reordenar a más de 9.000 funcionarios que dejarán de estar adscritos a un juzgado concreto para trabajar por secciones.

Nieto ha detallado que habrá 85 tribunales de instancia, cada uno con un juez presidente que ordenará el trabajo entre el resto de magistrados que lo compongan, auxiliado por un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ). En función del tamaño, cada tribunal de instancia tendrá un servicio de tramitación, con un LAJ al frente, y una serie de secciones también dirigidas cada una por un LAJ y con un equipo de funcionarios.

Cuando haya secciones separadas por especialización habrá un servicio de tramitación, un servicio de gestión procedimiento general y un servicio común de ejecución «para que seamos capaces de sacar el número de sentencias pendientes de ejecución que es altísimo en el conjunto de España y en Andalucía». De cada tribunal de instancia dependerán una o varias Oficinas Judiciales Municipales y los Registros Civiles correspondientes. Y en las capitales de provincia las Audiencias se constituirán también en un tribunal instancia, así como las salas del TSJA de Granada, Málaga y Sevilla.

El consejero ha subrayado el reto de «compatibilizar» distintas formas de trabajar en los juzgados hasta que estén adaptados todos; la adaptación de los sistemas informáticos que la Junta está desarrollando a través de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) con Sandetel con una inversión de 1,9 millones de euros; y la reordenación de las Relaciones de Puestos de Trabajo que se están negociando con los sindicatos.

«Vamos a poner todo el empeño, pero cuesta mucho trabajo en la tercera comunidad más perjudicada por el sistema financiación, no vamos a usarlo de excusa, pero a nosotros nos cuesta más trabajo que a otros», ha incidido. Por ello, ha anunciado que en la próxima Conferencia Sectorial de Justicia que se celebrará en Barcelona en abril «reiteraremos que el Ministerio de Justicia no puede actuar como una comunidad autónoma más, tiene que garantizar un servicio con la misma calidad en todos los territorios».

Respecto a la otra gran reforma que supone la Ley, la puesta en marcha de Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC), Nieto ha puesto en valor que «en Andalucía nos hemos adelantado» con una Estrategia de Mediación para fomentar esta vía alternativa de resolución de conflictos basada en el diálogo y el acuerdo entre las partes. Así, el año pasado se incluyó en la Justicia Gratuita, se creó el Servicio de Mediación Penal de Andalucía (Sempa) –público y gratuito y que ya ha evitado un millar de juicios– y se firmó un convenio con el Consejo Andaluz de Graduados Sociales para que profesionales voluntarios actúen como mediadores en conflictos laborales judicializados.

Nieto ha anunciado que en los próximos días saldrá a licitación el Servicio de Mediación Civil y Mercantil (Semca) para ponerlo en marcha este año, se creará el Registro de mediadores civiles y mercantiles y se impulsará la mediación familiar intrajudicial. «También vamos a potenciar los Puntos de Información a la Mediación en Andalucía, PIMA, que funcionan desde hace años», ha añadido.

El consejero ha detallado que en estos PIMA ya se ha detectado que «se ha incrementado y mucho el interés de los ciudadanos por esta herramienta». Asimismo, la mediación ya está teniendo efecto en la tasa de litigiosidad en Andalucía, que a finales de 2023 era la segunda más alta del país y en septiembre de 2024 –último dato publicado por el CGPJ– era la quinta.