El PP quiere que el Gobierno ayude económicamente a los ayuntamientos con cárceles para compensar la exención del IBI

MADRID 2 May. –

El PP quiere exigir al Gobierno en el Congreso que impulse ayudas económicas para los ayuntamientos en los que se ubican centros penitenciarios y así compensar la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del que gozan las cárceles actualmente en España.

A través de una proposición no de ley que se debatirá y votará en la Comisión de Interior de la Cámara Baja, los de Alberto Núñez Feijóo, alertan de cómo la exención en el IBI de los centros penitenciarios supone un «fuerte impacto» socioeconómico en las haciendas locales.

Ya que, según detallan, supone una pérdida directa de ingresos para los Ayuntamientos que tienen centros penitenciarios en su territorio y esto genera muchas veces «desequilibrios» presupuestarios y afecta a la capacidad del Ayuntamiento para prestar los servicios públicos a los ciudadanos. «La propia infraestructura conlleva una serie de gastos de mantenimiento y conservación de las infraestructuras que sirven para la prestación de los servicios básicos», inciden desde el PP.

Ante esta situación, desde el PP proponen que el Gobierno, a través de los Presupuestos Generales del Estado proceda a la compensación por la pérdida de recaudación con una asignación fija anual en relación con las cuotas objeto de la exención, en los ayuntamientos donde se ubican los Centros Penitenciarios.

Esta compensación, según recogen en la iniciativa, recogida por Europa Press, será solicitada por las entidades afectadas, conforme al procedimiento que, en cada caso, se determine por el Ministerio de Hacienda.

Asimismo piden en aquellos Ayuntamientos donde haya ubicados centros penitenciarios se tenga en cuenta la población media anual de reclusos de cada centro para llevar a cabo el reparto de los Fondos de Cooperación Local.

Ya que, como recuerdan en su iniciativa, actualmente la población de cada municipio es uno de los criterios que más repercusión tiene en el reparto de los ingresos del Estado y las Comunidades Autónomas y sin embargo, en la mayoría de los casos, la población reclusa no está empadronada en la localidad del centro penitenciario en el que está cumpliendo la pena.