MITECO recuerda a las CCAA que pueden encarecer sus impuestos a vertidos e incineración

Recalca que el impuesto de vertidos e incineración nacional ha «solventado» la «falta de armonización» entre las CCAA

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recuerda a las comunidades autónomas (CCAA) que pueden encarecer sus impuestos autonómicos sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, de acuerdo con la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular que ha puesto en marcha una tasa en este sentido a nivel nacional.

Además, insiste en que las autonomías pueden utilizar los recursos obtenidos a través de este impuesto en incrementar la financiación destinada a medidas de mejora de la gestión de residuos que refuercen las opciones prioritarias frente a las opciones menos sostenibles, dado que la recaudación se encuentra cedida por el Estado a las CCAA.

Así se ha expresado en una respuesta parlamentaria a una batería de preguntas registrada por Sumar en el Congreso de los Diputados sobre qué medidas plantea Transición Ecológica desde la fiscalidad verde para desincentivar el transporte de residuos desde terceros países a España.

De esta manera, señala que el encarecimiento de «opciones de gestión» como el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos debería «desincentivar» el traslado de residuos desde estados de la Unión Europea (UE) y terceros países hacia España.

Por otro lado, destaca que el hecho de que se haya puesto en marcha un impuesto sobre este tema a nivel nacional ha venido a «solventar» la situación causada por la «falta de armonización» entre aquellas comunidades autónomas que ya tenían impuestos al vertido y a la incineración y las que no, así como el hecho de que algunas autonomías «no hicieran uso de este instrumento».

A juicio del Ministerio, esto debilitaba la efectividad del impuesto de cara al cumplimiento de los objetivos fijados por la Unión Europea (UE). Asimismo, incide en que esta «falta de armonización» podía generar precisamente movimientos de residuos indeseados entre las distintas comunidades autónomas, de acuerdo con Transición Ecológica.

Al margen de todo esto, la respuesta parlamentaria recoge que el Ministerio tiene previsto incorporar más tipos de traslados de residuos dentro de la aplicación desarrollada para la tramitación electrónica de traslados de residuos peligrosos o de residuos destinados a eliminación. A su vez, incluirá toda la información relativa a los traslados en el territorio del Estado (como es el caso de los traslados en el interior de algunas comunidades autónomas) en el repositorio de esta herramienta.

Asimismo, recuerda que una vez se apruebe a nivel europeo el acto de ejecución por el cual se regula el intercambio de información mediante medios electrónicos de los documentos asociados a los traslados transfronterizos de residuos se pondrá en funcionamiento una plataforma europea para la incorporación de documentación en materia de traslados transfronterizos.

Con ella se mejorará la trazabilidad y el control de los traslados de este tipo de residuos dentro de la UE y posteriormente el control en terceros países. En ella participarán las las autoridades competentes de los Estados miembros, así como los notificantes y personas que organicen los traslados de residuos.

En la respuesta parlamentaria recoge otras acciones que ya lleva a cabo el Ministerio, por ejemplo, la actualización de la información relativa a los traslados de residuos intracomunitarios y desde y hacia terceros países no pertenecientes a la UE tanto a la Secretaría del Convenio de Basilea, como a la Secretaría de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a la Comisión Europea, que publican informes a través de sus respectivas páginas web.

En su batería de preguntas registrada en el Congreso, el diputado de Sumar, Eloi Badia i Casas ha inquirido sobre qué medidas plantea Transición Ecológica desde la fiscalidad verde para desincentivar el transporte de residuos desde terceros países a España. En este mismo sentido, ha preguntado sobre cuándo y de qué manera se procederá a armonizar la fiscalidad de los residuos en las diferentes autonomías para impedir el «continuo trasiego» de residuos entre unas CCAA a otras.

Asimismo, el diputado de Sumar ha reclamado saber qué propone implementar para mejorar el control administrativo de la gestión y el tráfico internacional de los residuos, así como para incrementar la colaboración y coordinación con la Guardia Civil, la Policía Nacional y Europol.

A su vez, ha inquirido sobre cómo piensa luchar para prevenir y sancionar la corrupción vinculada con el tráfico internacional de residuos; y sobre qué herramientas se impulsarán para reforzar la transparencia en el transporte y gestión de los residuos industriales tanto peligrosos como no peligrosos en las administraciones central, autonómica y local.