Derechos Sociales acuerda repartir más de 783 millones de euros a CC.AA para la financiación de la Dependencia

MADRID/TOLEDO 19 Jun. –

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha acordado repartir más de 783 millones de euros a las autonomías para la financiación de la Dependencia.

Así, en el Consejo Territorial, que se ha celebrado este jueves en la sede del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), el ministro Pablo Bustinduy ha presentado a los gobiernos autonómicos la propuesta para el reparto territorial del llamado «nivel acordado de protección». Este establece parte de la financiación estatal del SAAD (Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia).

En este 2025, este nivel acordado de financiación supondrá una inversión de más de 783 millones de euros (783.197.420 euro) por parte del Gobierno. Esta cantidad es, por tercer año consecutivo, la más alta que ha tenido este nivel de protección en su historia y será transferida a las comunidades a través de los convenios firmados. Con esta partida se complementará la financiación de los servicios de atención a las personas dependientes que hay en cada territorio.

En este sentido, Bustinduy ha indicado en declaraciones a medios tras el encuentro que el año pasado el Gobierno destinó casi 3.500 millones de euros a la dependencia. También transferió más de 800 millones de euros de los fondos europeos para acometer una «transformación en profundidad» de más de 15.000 plazas en residencias en España e implantar la teleasistencia en todo el país.

«El conjunto de este esfuerzo combinado multiplica por cuatro la cantidad que se destinaba a la dependencia en el año 2014. Esto da una idea de la magnitud del esfuerzo que se está haciendo en esta materia que no tiene precedentes en el ámbito de la política social», ha destacado el ministro.

Igualmente, Bustinduy ha avanzado que «próximamente» podrá llevar al Congreso la reforma de la ley de dependencia, «una ley que sea elaborada con el consenso y la participación de todos los actores implicados y que va a suponer una transformación radical del modelo de la dependencia en España».

Asimismo, ha recalcado que es necesario «valorizar socialmente» el trabajo reproductivo y el trabajo de los cuidados. En este sentido, ha explicado que el Ministerio ha abierto una línea de trabajo con todas las comunidades autónomas y los agentes sociales «para poder darle al trabajo de los cuidados el papel que merecen».

La financiación récord en este nivel acordado se mantiene desde el año 2023, cuando se aprobaron los últimos Presupuestos Generales del Estado, después de que este nivel de protección fuera suprimido en 2012 dentro de un recorte presupuestario que redujo en 5.000 millones de euros la financiación estatal del SAAD.

El Gobierno recuperó este nivel de financiación en 2021 aportando una cantidad de 283 millones de euros. Desde entonces, la inversión estatal en el nivel casi ha triplicado en la actualidad los fondos destinados a esta partida.

El reparto de la inversión del nivel acordado entre los gobiernos autonómicos se realiza siguiendo los criterios técnicos y demográficos que fueron fijados en el Plan de Choque para el impulso del SAAD y que aprobaron los propios gobiernos autonómicos en un Consejo Territorial celebrado el 15 de enero de 2021.

En este acuerdo se fijaron indicadores que medían los esfuerzos realizados por cada ejecutivo regional para mejorar la calidad de los servicios de la Dependencia, siendo las diferencias en este desempeño las que determinan que cada gobierno autonómico reciba una cantidad diferente cada año.

Estos criterios se agrupan en cuatro fondos diferenciados, que en 2025 movilizan las siguientes cuantías, fondo de estructura (145,8 millones de euros); fondo de gestión (175 millones de euros); fondo de cumplimiento de objetivos (262,4 millones de euros); y fondo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD (200 millones de euros).

A nivel general, la inversión del Gobierno en Dependencia se situó en 2024 en los 3.478 millones. Esta cifra supone triplicar los 1.130 millones de euros que se asignaron en 2014.

Por otra parte, en el Consejo Territorial se ha alcanzado también un preacuerdo sobre la propuesta de Derechos Sociales para distribuir entre los gobiernos autonómicos las conocidas como subvenciones del 0,7% para 2025.

Estas ayudas proceden de lo recaudado por medio de la casilla que se marca para fines sociales durante la Declaración de la Renta. El este sentido, el departamento que dirige Bustinduy ha destacado que del reparto de este año destaca, por un lado, que la cantidad que corresponde a las Comunidades autónomas ha superado los 375 millones de euros y, por otro lado, que la cuantía procedente del impuesto que pagan las empresas ha aumentado casi un 50%.

Las subvenciones del 0,7% se destinan a organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en la lucha contra la pobreza, la exclusión social y otras situaciones de especial vulnerabilidad, y suponen una vía esencial para financiar los programas que ponen en marcha estas organizaciones. Se tratan de entidades del Tercer Sector de Acción Social, con experiencia acreditada y que tienen una incidencia especial en los ámbitos territoriales más cercanos.

La distribución de esta financiación se lleva a cabo entre las comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía siguiendo los criterios de reparto que se aprobaron en el Consejo Territorial, valorando aspectos como la implantación territorial que tengan las organizaciones a las que se conceden los fondos, así como su estructura y su capacidad de gestión.

Una vez alcanzado este preacuerdo entre el Ministerio de Derechos Sociales y los gobiernos autonómicos, ahora se elevará al Consejo de Ministros para su autorización. Superado este trámite, volverá después al Consejo Territorial para ser ratificado definitivamente.