Instituto Juan de Mariana alerta de un «gran deterioro» de la seguridad jurídica en España por la gestión del Gobierno

El organismo avisa de que la «erosión» de la calidad institucional y democrática en nuestro país disminuye la inversión extranjera

El Instituto Juan de Mariana (IJM) ha alertado de un «preocupante deterioro» de la seguridad jurídica en España a consecuencia de decisiones políticas adoptadas por el Gobierno como la «politización» de instituciones como el Tribunal Constitucional, el uso «excesivo» del real decreto-ley, o la «creciente imprevisibilidad regulatoria».

Así lo señala en el IJM en su ‘Índice de Seguridad Jurídica 2025’, una medición que aúna diez variables de fuentes internacionales como el Banco Mundial, el Índice de Democracia de la revista ‘The Economist’, el Índice de Libertad Humana del World Justice Project (WJP), o el Índice Internacional de Derechos de Propiedad del Instituto de Estudios Económicos.

El informe sitúa a España en la posición 20 de un total de 27 países de la Unión Europea, con una nota general de 6,5 puntos de 10, lo que según el IJM «refleja una situación institucional muy deficitaria y claramente alejada de las democracias europeas con mayor solidez».

La calificación de España se obtiene descomponiendo distintas variables para el buen funcionamiento de la democracia y sus instituciones como la ausencia de corrupción, entendida como la percepción y el control de prácticas indebidas; la efectividad del gobierno en implementar políticas públicas; el respeto a las leyes y los derechos fundamentales; o la calidad regulatoria para favorecer la iniciativa privada y la competencia.

También mide el funcionamiento de la justicia, incluyendo aspectos civiles, penales y procesales; la limitación del poder del Gobierno y sus contrapesos; la calidad democrática en términos de pluralismo, libertades y controles; el derechos a la propiedad; la previsibilidad de la fiscalidad y el cumplimiento de los fallos de tribunales de justicias internacionales.

En base a esas variables, que el Instituto Juan de Mariana ha recopilado de informes internacionales, ha realizado un nuevo baremo que señala que desde al año 2000 hasta nuestros días, «España ha seguido una trayectoria descendente en el Índice de Seguridad Jurídica».

«Tras alcanzar un pico de 7,9 puntos hace ahora 22 años, el Reino ha experimentado un deterioro sostenido que se frenó de 2014 a 2019, para volver a entrar en una fase de retroceso desde entonces», esgrime el organismo, que asegura que «la llegada a la Presidencia de Pedro Sánchez coincide con las peores puntuaciones históricas del seguridad jurídica en España».

Entre las áreas que contribuyen a este «empeoramiento» destacan la «creciente imprevisibilidad regulatoria», «las frecuentes modificaciones legislativas sin suficiente evaluación de impacto», «la excesiva complejidad normativa», así como «la falta de transparencia en los procesos administrativos» o «la falta de estabilidad en la tributación».

Según dicho informe, estos factores «incrementan la incertidumbre para empresas y ciudadanos, lo que dificulta tanto la planificación a medio y largo plazo como la toma de decisiones económicas».

También tienen una influencia en el «deterioro institucional» la «incertidumbre regulatoria», la litigiosidad tributaria, «la politización creciente de instituciones clave» como el Tribunal Constitucional o «la utilización excesiva del real decreto-ley».

«El retroceso en la seguridad jurídica tiene repercusiones directas y visibles en el ámbito económico, destacando especialmente la caída en la inversión extranjera directa neta observada en 2024. Dicha inversión cayó un 5% respecto al año anterior, alcanzando los 22.757 millones de euros, cifra considerablemente inferior a los años previos», explica el Instituto Juan de Mariana.

Este instituto, que otorgó en 2024 un premio al presidente de Argentina, Javier Milei, ha sostenido que los niveles de inversión que se vienen registrando «en la Era Sánchez» se sitúan alrededor de «un 50% por debajo de las cotas que heredó la actual administración en 2018», cuando se produjo la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la jefatura de Gobierno.

Además, ha apuntado que «la creciente percepción de incertidumbre y riesgo regulatorio en España» ha llevado a inversores internacionales a replantearse sus decisiones de inversión porque acumula más amonestaciones por de tribunales internacionales que «regímenes como los de Venezuela o Rusia».

El análisis del Instituto Juan de Mariana sostiene que existe una relación estrecha entre seguridad jurídica y renta per cápita, siendo los países con mayor seguridad jurídica los que tienen los niveles más altos de prosperidad económica.

Por ejemplo, las economías más desarrolladas como Dinamarca, Finlandia o Luxemburgo, lideran el ranking del Índice de Seguridad Jurídica elaborado por el IJM, registrando simultáneamente los niveles de renta per cápita más altos de la Unión Europea.

«Esto corrobora la hipótesis de que una mayor calidad institucional y un más alto grado de estabilidad regulatoria contribuyen decisivamente a generar condiciones propicias para el crecimiento económico y la atracción de inversión», explican desde el organismo.