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Publicado 7 Jul 2025 13:20
TOLEDO 7 Jul. –
El Grupo Socialista de la Diputación de Toledo ha instado al Gobierno provincial del Partido Popular y Vox a una modificación «urgente» de las bases reguladoras del programa de campamentos de verano, tras detectarse un nuevo caso de exclusión de dos menores hijos de una mujer víctima de violencia de género.
Según ha denunciado la portavoz socialista, Tita García Élez, dos niños de 11 y 13 años han desaparecido de las listas sin recibir su madre respuesta alguna por parte de la Diputación, a pesar de haber trasladado la situación por escrito, según ha informado el PSOE en nota de prensa.
«Nos han trasladado dificultades reales a la hora de acceder a este servicio público por parte de mujeres que han sufrido violencia de género, lo que pone de manifiesto una clara falta de igualdad de condiciones», ha señalado García Élez, quien ha lamentado la «poca sensibilidad» del actual Gobierno provincial con estas familias.
Tal y como recogen las bases de la convocatoria, se exige a los progenitores una serie de documentos, como la firma o declaración del IRPF de ambos. En el caso denunciado, la mujer cuenta con una orden de alejamiento activa que le impide facilitar datos del padre.
«No puede ni saber dónde vive ni cómo localizarlo, y mucho menos pedirle que firme ningún documento. Exigirle eso no solo es insensible, sino que puede suponer un riesgo para su vida o la de sus hijos», ha alertado la portavoz socialista.
Desde el PSOE han recordado que este tipo de situaciones excepcionales deben ser previstas por la administración. Por ello, han asegurado que «lo que estamos pidiendo es sensibilidad, que se acometan las modificaciones necesarias para que estas mujeres y sus hijos no vuelvan a ser víctimas institucionales. Ya han sufrido la peor violencia posible. No podemos permitir una revictimización».
En este sentido, la portavoz socialista ha apelado al cumplimiento de la legislación vigente, recordando que el Plan Corresponsables, en su artículo 11.1, establece que las mujeres víctimas de violencia de género deben tener carácter prioritario en el acceso a este tipo de programas.
«Otras administraciones ya lo hacen. ¿Por qué no la Diputación?», ha añadido García Élez. Por todo ello, el Grupo Socialista ha instado tanto a la presidenta como al diputado de Vox y responsable del área a «ajustar las convocatorias a la realidad de nuestra provincia y a las necesidades de quienes más lo necesitan».
Al mismo tiempo, García Élez ha advertido que «si no se actúa de inmediato, si no se adapta la normativa» su formación se verá obligada a recurrir las bases en futuras convocatorias porque no permitirán «que se mantenga esta desigualdad».
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