C-LM, una las nueve CCAA que van a ver disminuida la financiación de la dependencia

MADRID/TOLEDO 15 Jul. –

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha avisado de que nueve CCAA van a ver disminuidas las cantidades para financiación de la dependencia, en la distribución de los 783 millones de euros del Nivel Acordado en 2025: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid y Región de Murcia.

De igual modo, dicha asociación ha advertido de que el Gobierno central «redujo al 27,1% (1,5 puntos porcentuales menos)» su porcentaje de financiación del Sistema de la Dependencia en 2024, aportando un total de «3.478 millones de euros (un 5,6% más)» que el año anterior, según datos oficiales recopilados por la asociación.

Mientras, señala que las comunidades autónomas financiaron, como media, el 72,9% del sistema de la dependencia, con un total de 9.365 millones de euros (un 13,8% más que en 2023). Tal y como han señalado desde la asociación en otras ocasiones, la financiación deseable sería al 50% entre las CCAA y la AGE.

Según la asociación, las comunidades que menos porcentaje aportaron en Dependencia son: La Rioja (61,4%), Castilla y León (63,2%), Andalucía y Galicia (65,1%). Las que más aportan son País Vasco (84%), Navarra (81%) y Baleares (80,6%).

Así, los Gerentes de Servicios Sociales apuntan a un cambio de tendencia en cuanto al porcentaje aportado por las CCAA y el Estado. En concreto, explican que el peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal durante el periodo 2012 a 2020 presentaba una «tendencia alcista» que «se rompe» en 2021, por el incremento en la financiación aportada por la AGE mediante el plan de choque.

De esta forma, añade que el peso de las CCAA en la financiación cayó un 13% entre los años 2020 y 2023, porque la AGE refuerza la financiación. Sin embargo, «en 2024 vuelve a incrementarse rompiendo la tendencia cuatro años después».

La asociación precisa que la Administración General del Estado incrementó en «185 millones de euros» su gasto en dependencia debido a su obligación de soportar el nivel mínimo de financiación correspondiente a las personas beneficiarias de la Ley, al haberse incrementado el número de personas atendidas.

Si bien, puntualiza que este incremento del gasto fue «por imperativo legal, pero no por compromiso político, ya que no existió incremento presupuestario para la dependencia por parte del Gobierno central, lo que supuso que se redujera su porcentaje en la financiación del Sistema».

En cuanto al gasto anual medio por persona beneficiaria, la asociación expone que fue de 8.592 euros, de los cuales «la AGE aportó 2.327 euros en concepto de nivel mínimo de protección y las Comunidades Autónomas 6.267 euros».

Según los datos recopilados por la asociación, la comunidad que destinó mayor cantidad económica por persona beneficiaria fue el País Vasco con 13.554 euros anuales. Esta cantidad casi duplica el gasto de la comunidad que menos invirtió, que fue Andalucía, con 7.173 euros anuales.