La CIDH insta a la Justicia de Perú a no aplicar la ley de amnistía porque alega que «es incontistucional»

Critica que Lima lleva más de 20 desacatos al organismo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha rechazado este domingo la ley de amnistía promulgada la semana pasada por la presidenta de Perú, Dina Boluarte, alegando que «beneficia a torturadores, violadores, asesinos», y ha instado a los magistrados a no aplicar aduciendo que es «incontistucional».

Así lo ha denunciado la presidenta de la CIDH, Andrea Pochak, en una entrevista concedida al diario peruano ‘La República’ en la que además ha advertido que Lima ha desacatado en más de 20 ocasiones al organismo, siendo uno de los países que más lo ha hecho hasta el momento.

La abogada argentina ha recordado que la CIDH se ha pronunciado desde hace más de dos décadas en contra de la amnistía de personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, porque considera que «son incompatibles con la Convención Americana y no puede estar vigente».

«Esto tiene que ver con varias sentencias, por lo menos dos, de Barrios Altos y La Cantuta, que la Corte Interamericana emitió a partir del año 2001. Y estos son desacatos. Perú ya viene acumulando más de 20 desacatos a la CIDH y esto coloca a Perú en una situación particular. En la región hay muy pocos países que tienen este récord de desacatos», ha declarado, recordando que ya rechazó el indulto del expresidente Alberto Fujimori en diciembre de 2023 y la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad impulsada en el Congreso el pasado año.

Con todo, la presidenta de la CIDH ha instado a los jueces, quienes serán quienes decidan si aplicar la norma, a respetar los tratados de los que Perú forma parte. «En este caso, la ley no es constitucional, no es convencional. Y los jueces no deben aplicarla», ha defendido.

La presidenta Boluarte promulgó el pasado miércoles esta controvertida ley que calificó de «histórica», al tiempo que rechazó «cualquier intromisión externa».

El Congreso aprobó el proyecto de ley a principios de julio y, tras ello, la CIDH ordenó a Perú que se abstuviera de implementarlo hasta que analizara la compatibilidad de la amnistía con órdenes emitidas anteriormente sobre la investigación de abusos cometidos durante el conflicto armado.

Según la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, entre 1980 y 2000 murieron aproximadamente 70.000 personas y más de 20.000 fueron dadas por desaparecidas. Los tribunales peruanos han emitido sentencias definitivas en alrededor de 150 casos y más de 600 siguen pendientes.