La presidenta del TSJCLM achaca el aumento del 8,7% de los casos judiciales pendientes a la falta de jueces

La presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray Chacón, ha presentado este viernes en el Palacio de Justicia de Albacete la memoria judicial del año 2024, en la que ha destacado el aumento de un 8,7% de los casos judiciales pendientes en comparación con el año anterior ante la falta de jueces que padece la región.

No obstante, ha puesto el foco en que las resoluciones judiciales se han incrementado en un 25,9%, extremo, que según ha detallado Astray, no llega a paliar el número de casos acumulados y el ingreso de nuevos litigios, que ha crecido un 14,6%.

En total, los jueces y magistrados de Castilla-La Mancha resolvieron 263.460 asuntos en el último año judicial frente a los 196.497 de 2023, pero ingresaron 283.872 nuevos casos.

La magistrada ha concretado que el año fiscal «podría resumirse en dos frases: Los Tribunales han hecho un mayor esfuerzo resolutivo pero no son capaces de reducir el número de asuntos pendientes», principalmente debido a la dotación de planta pequeña de la que dispone Castilla-La Mancha, la última de todos los tribunales superiores de justicia en número de jueces por habitante, 10 jueces por cada 100.000, según resalta la memoria.

Astray ha detallado que el aumento de la litigiosidad se debe al crecimiento poblacional y una mayor presión judicial, principalmente ocasionado en las provincias de Toledo y Guadalajara.

Aunque en 2024 entraron en funcionamiento el Juzgado de Primera Instancia Número 8 e Illescas y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Toledo, así como un nuevo magistrado en la Sección Penal de la Audiencia Provincial de Albacete y otro en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, la presidente ha repetido la necesidad de crear 45 nuevas plazas para jueces y magistrados en Castilla-La Mancha para abordar el problema. «Hay que destinar muchos recursos a un territorio muy extenso que es muy difícil de cubrir», ha añadido Astray.

La jurisdicción social, que cubre temas salariales y laborales, es el ámbito que ha registrado un notable aumento de la litigiosidad, con un incremento del 34,5% en nuevos casos y seguida de la jurisdicción civil, que ha vivido un crecimiento del 31% . Los casos de jurisdicción penal han subido en casi un 15% y los Juzgados de Primera Instancia han vivido otro aumento del 23,8%.

A la falta de jueces, la magistrada ha sumado los problemas de infraestructuras existentes, citando ejemplos en los Juzgados de Illescas y Talavera, con dependencias muy pequeñas o temporales que obligan a los jueces a compartir salas de vistas y carecen de suficientes sistemas móvil de grabación de los procesos, lo que genera colas y perjuicios ante las víctimas.

«Pensemos en casos de maltratadas, violencia sexual o de menores que muchas veces se tienen que trasladar a pueblos donde precisamente viven los agresores para las vistas», ha enfatizado Astray quien ha pedido «un mayor número y tamaño de salas con servicio de videoconferencias para evitar desplazamientos de personas tan vulnerables».

La presidente del Tribunal Superior de Justicia ha remarcado que difícilmente podrán solucionar dichos problemas porque carecen «de esa varita mágica que se llama presupuesto».

No obstante, ha resaltado la confianza que tiene en los profesionales de la judicatura y ha agradecido el esfuerzo para conseguir un aumento de las tasas de resolución en el último año.

La mandataria del órgano judicial de Castilla-La Mancha, del que Astray tomó el mando en febrero, ha explicado que en el último año se han «centrado en la violencia de género y víctimas vulnerables», para lo que están preparando medidas como la reactivación de la Comisión Regional de Violencia de Género, la elaboración de un protocolo de atención a enfermos mentales en procesos judiciales o la creación de una mesa técnica entre las administraciones para casos de trata en el que participará el Tribunal Superior de Justicia como órgano asesor.

Respecto a la nueva Ley de Eficiencia en la Justicia, que viene a reorganizar la composición de los tribunales, Astray ha valorado que «los objetivos de eficacia serán muy difíciles de cumplir sin un aumento del presupuesto» y que la aplicación de la tercera fase del plan afectará más a las capitales de provincia con mayor población.

«Las capitales están sometidas a un mayor esfuerzo y carga de trabajo, esperemos que esta nueva estructura funcione bien y de momento hay una sintonía de colaboración entre todos», ha comentado la presidente, quien a su vez ha querido mostrar prudencia ante otros cambios de modelo previos que finalmente mostraron dificultades en su aplicación.

«Es la ley y hay que cumplirla», ha sentenciado la magistrada, pero insistiendo en que «sin una propuesta ambiciosa de presupuesto» y el aumento de la planta judicial, se encontrarán con serios desafíos.