Marlaska comparecerá el martes en el Congreso para hablar de gastos reservados ante la Comisión de Secretos

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá este martes ante la Comisión de Gastos Reservados para informar a puerta cerrada del uso de estos fondos que hace su departamento, tras casi tres años sin que el Gobierno rinda cuentas de este asunto en el Congreso.

Según la legislación, la conocida como Comisión de Secretos es la encargada de ejercer el control parlamentario del uso de los fondos reservados por parte de los ministerios que tienen asignadas partidas de este tipo: Interior, Exteriores, Defensa y el CNI, cuyos titulares deben presentar informes cada seis meses.

Pero lo cierto es que esa obligación legal no se cumple, ya que la última vez que los ministros informaron del uso de gastos reservados fue a finales 2022, en la pasada legislatura: el 8 de noviembre compareció Fernando Grande-Marlaska (Interior) y el 16 de diciembre fue el turno de Margarita Robles (Defensa). El titular de Exteriores, José Manuel Albares, ni siquiera se ha estrenado.

El PP ya solicitó la comparecencia de estos tres ministros y el Congreso ha puesto fecha al titular de Interior, que también había pedido informar ‘motu proprio’: será el martes, 28 de octubre, a las 13:00 horas.

En los Presupuestos Generales de 2023, los últimos aprobados por el Congreso y que se han venido prorrogando, la partida destinada a sufragar gastos reservados se fijó en 27,86 millones de euros: 19,8 millones para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI); 500.000 euros, para Defensa; 7,37 millones, para Interior; y 186.310 euros, para Exteriores.

La misma comisión se ocupa también de controlar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y sobre eso también hay varias peticiones de comparecencia de distintos grupos que siguen sin fecha pese a transcurrir meses e incluso años.

Así, el PP reclamó que la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, informe de la aparición de Carles Puigdemont en España y su posterior huida en el verano de 2023, y que también explique su firma en un documento de varios servicios de inteligencia de otros países advirtiendo de ciberataques patrocinados por China.

Por su parte, Sumar tiene pedida la comparecencia de la directora del CNI por el supuesto uso de dinero público para «silenciar relaciones sentimentales del rey Juan Carlos.

Y Esquerra Republicana quiere que la ministra Robles y la responsable del CNI expliquen la relación de los servicios de Inteligencia con el iman de Ripoll, al que se considera ‘cerebro’ de los atentados yihadistas de 2017 en Cataluña.

En lo que va de legislatura, la única reunión de la Comisión de Gastos Reservados tuvo lugar el pasado mes de junio, cuando compareció a puerta cerrada de la vicepresidenta Sara Aagesen para explicar las causas del apagón de finales de abril.

Esta comisión, cuya reuniones son a puerta cerrada, está formada por un representante de cada grupo (generalmente el portavoz), que debe ser autorizado por el Pleno del Congreso para acceder a materias clasificadas como secreto.

Actualmente sus componentes son Ester Muñoz (PP), elegida la pasada semana sustituyendo a Miguel Tellado; Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Enrique Santiago (Sumar), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Mertxe Aizpurua (Bildu), Maribel Vaquero (PNV) y Néstor Rego (del BNG, en representación del Grupo Mixto).

En esta legislatura ya se han producido varios cambios en la composición de esta comisión. Quien más relevos ha sufrido ha sido Sumar, que ha cambiado de representante hasta en tres ocasiones: primero Marta Lois, que dejó el Congreso para presentarse a las elecciones gallegas; después Íñigo Errejón, que dimitió tras ser acusado de acoso sexual; y desde hace casi un año figura el portavoz de Justicia e Interior, Enrique Santiago, al que cedió el puesto la actual portavoz del grupo, Verónica Martínez Barbero.

La pasada legislatura, el CNI y los fondos reservados llegaron a estar tres años sin control parlamentario, ya que la elección de los integrantes de la comisión estaba bloqueada. Y es que hasta 2022 se exigía un respaldo de tres quintos del Congreso (210), lo que obligaba a apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios y el PP, Vox y Ciudadanos rechazaban apoyar la entrada de los independentistas, lo que les impedía llegar a ese umbral mínimo.

Para salvar aquel bloqueo, que se prolongó durante dos años y medio, la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, aprobó bajar el listón a la mayoría absoluta (176 votos). Lo hizo en abril de 2022, cuando los grupos independentistas exigían explicaciones al CNI por el espionaje mediante el programa ‘Pegasus’, pero la comisión no podía reunirse porque no se había elegido a sus integrantes.