Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha considerado que la reforma del Estatuto de Autonomía debe llevar aparejada la reforma de la ley electoral, con una horquilla de entre 63 y 69 escaños, además de implantar la circunscripción única, o subsidiariamente, circunscripciones provinciales y un colegio de restos, igualando el ratio entre escaños y elector a la media de las cámaras legislativas autonómicas.

En nota de prensa, la formación de izquierdas ha señalado que la reforma del Estatuto regional, «llega 23 años tarde, y lo hace, no por la necesidad de adaptar el estatuto a la realidad del siglo XXI en beneficio de la ciudadanía», sino «para modificar la ley electoral porque Emiliano Garía-Page vio las orejas al lobo, y peligrar su sillón, la noche del 28 de mayo».

Según palabras de Juan Ramón Crespo, coordinador regional de IU Castilla-La Mancha, «ha habido otras reformas del estatuto pero por intereses partidistas, como la que hizo Cospedal», advirtiendo que estarán vigilantes «para que esta vez no vuelva a ocurrir lo mismo».

De cualquier forma, Crespo ha manifestado que aprovecharán la oportunidad que se abre para que la máxima ley regional recoja y dé respuestas a las necesidades que la sociedad castellanomanchega demanda en actualidad y no lo dejarán en manos del consenso entre PSOE y PP.

«Tenemos la experiencia de los consensos que al inicio de la pasada legislatura llegaron el PSOE y el PP, y que debemos recordar que fueron: la eliminación del límite de mandatos del presidente regional, ponerse sueldo los diputados y diputadas regionales y asegurarse la consolidación de niveles los cargos públicos de elección directa y de libre designación. Pudimos ver que todos los acuerdos fueron dirigidos a proteger los intereses particulares de los políticos de primera fila, pero ninguno para dar respuesta a los problemas que vivimos en Castilla-La Mancha».

Por ello, para IU Castilla-La Mancha, «resulta imprescindible que el nuevo estatuto regional contemple como mínimo tener mayores competencias y mayor autogobierno para acercar el gobierno a las ciudadanas y ciudadanos, mejorar la gestión y defender a la región de las agresiones que estamos recibiendo, como el trasvase Tajo-Segura, las macrogranjas, las macroplantas solares, las industrias basura como la macroplanta de biogas en Chinchilla de Montearagón, o amenazas como el ATC de Villar de Cañas».

Otro mínimo que, a su juicio, el estatuto debe reconocer es dar fuerza jurídica a derechos como el derecho a la vivienda, al trabajo, a la sanidad, a la educación, a la cultura, al deporte, al medio ambiente, a la vida digna, al acceso a los servicios sociales y a un desarrollo económico sostenible, entre otros.

Así como «garantizar el camino de una democracia representativa como la actual hacia una democracia participativa y participada, no supeditando la admisión de la iniciativa legislativa popular o municipal a la decisión la mesa de las Cortes, instaurando el referéndum vinculante para asuntos importantes, el revocatorio, la rendición de cuentas, la limitación de mandatos y la transparencia absoluta de la gestión pública».

Asimismo, IU señala que «se debe reconocer mayor autonomía y financiación a los municipios y potenciar las comarcas y las mancomunidades» y quiere que el estatuto garantice que la actividad económica regional se ponga al servicio de la creación y mantenimiento de empleo con derechos y dignamente retribuidos, así como a la defensa de servicios públicos garantizados con una financiación adecuada. «Ello servirá para combatir la despoblación, ya que ésta no es un mal en sí mismo, sino una consecuencia de la falta de empleo y de servicios públicos y sociales de calidad».

IU también se ha pronunciado sobre la reciente composición del Consejo de Administración del Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha donde tan solo se encuentran tres mujeres de un total de 13 miembros.

«El nombramiento no es un ejemplo de paridad, precisamente, porque de 13 personas en el consejo solo tres son mujeres, no es ni al 30%. Resulta muy contradictorio que los que dicen ser tan defensores de la igualdad y que tanto lo publicitan, como García-Page, después no den ejemplo. Por este camino vamos mal, rematadamente mal», ha declarado Olga Ávalos, responsable de movimiento s sociales de IU, durante la rueda de prensa.

«De esta forma, se viola la directiva comunitaria sobre la materia que establece el objetivo del 40% de participación femenina en los órganos de dirección públicos y privados, y la ley de paridad del Gobierno central», ha afirmado Ávalos.

Igualmente, a su juicio, «se incumple la Ley de Igualdad de Castilla-La Mancha, que en su artículo 5 dice que se tenderá al principio de participación equilibrada de mujeres y hombres en los distintos órganos públicos de decisión, ejecutivos, consultivos y asesores de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de sus organismos autónomos y de todas las entidades que conforman el sector público regional».

Por ello, la responsable de movimientos sociales de IU, le ha dicho al García-Page que estos nombramientos vulneran el principio de igualdad, pero además incumplen directamente las leyes regionales, y le ha recordado que el 8 de marzo de 2023 dijo literalmente: «Aspiramos a que las mujeres ocupen los espacios y lugares que se merecen. Pero parece que ya se le ha olvidado, o directamente, nunca se lo creyó», ha rematado Olga Ávalos.