Agencia de Transformación Digital C-LM será un instrumento «clave» para modernización tecnológica de servicios públicos

La nueva Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha dispondrá inicialmente de unos 600 profesionales entre la Administración de la Junta y el Servicio de Salud y será un instrumento «clave» para impulsar la modernización tecnológica de los servicios públicos.

Así lo ha señalado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, anunciando que con la creación de esta agencia todas las competencias y recursos humanos, técnicos y materiales tanto de la Administración regional como los del Servicio de Salud de la región pasarán a depender de este nuevo organismo autónomo dependiente de la Consejería de Hacienda.

«Con la nueva agencia podremos ser todavía ambiciosos en el cumplimiento de la estrategia digital en la que estamos inmersos y que consideramos un instrumento clave para dar un importante impulso a la modernización tecnológica en los servicios públicos que prestamos», ha dicho el titular de esta cartera, convencido de que también contribuirá a reforzar la capacidad innovadora del tejido empresarial de Castilla-La Mancha y a mejorar, por tanto, su competitividad.

En su opinión, durante una comparecencia ante los medios para informar de los acuerdos del Consejero de Gobierno relacionados con su departamento, así culmina el proceso de reorganización administrativa en materia de tecnologías de la información iniciado en esta legislatura.

Para Ruiz Molina, esta decisión va a tener importantes ventajas como es que se centraliza en un solo ente decisiones comunes a todos los organismos de la Junta como las relacionadas con la ciberseguridad, la política de comunicaciones o el uso de la tecnología en la nube o la Inteligencia Artificial (IA). También se «sacará un mayor provecho» al talento digital del que dispone el Gobierno regional y se unifican múltiples contratos y eso facilitará la capacidad de negociación en la adquisición, por ejemplo, de licencias.

En cuanto a sus estatutos, tendrá que ser aprobados por decreto del Consejo de Gobierno.

Por otro lado, el consejero también se ha referido a un segundo paquete de medidas por el cual se modifican diversas leyes con el afán de mejorar la gestión administrativa.

Entre ellas, Ruiz Molina ha hecho referencia a la modificación de la ley 9/2003 de Vías Pecuarias en Castilla-La Mancha para dar respuesta a las situaciones en las que fuera necesario, por algún instrumento urbanístico, modificar trazados de vías de este tipo, garantizando que se ha de mantener la «plena integridad superficial» del dominio público pecuario, ha remarcado.

Del mismo modo, se modifica la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística para permitir que en el planeamiento urbanístico en núcleos rurales tradicionales se pueda destinar a alojamientos de turismo rural hasta un tercio de las viviendas proyectadas «con el afán de potenciar este tipo de turismo», aunque las viviendas deberán contar con acabados finales propios de la arquitectura tradicional y popular de la zona donde se van a implantar y su adecuación al paisaje.

Se modifica también la Ley 14/2010 de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha para incluir como una prestación técnica la ejecución de medidas judiciales y socioeducativas respecto a personas infractoras menores de edad. «Es una prestación que se venía llevando a cabo por parte de la Consejería pero que no estaba incluida en la Ley de Servicios Sociales», ha subrayado el consejero en su comparecencia.

Además, se modifica la Ley 5/2020 de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha para dotar de mayor seguridad jurídica las unidades que tramitan estos proyectos, con especial atención cuando se lleven a cabo en zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, y se exigirá a los promotores un periodo mínimo de tres años para el mantenimiento de sus compromisos inversores y de empleo previendo que, de manera excepcional, se puedan declarar proyectos prioritarios otros que sean considerados estratégicos.

Se modifica igualmente la Ley 4/2021 de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos de Gestión y Ejecución de Fondos Europeos y de Recuperación para agilizar la tramitación de los convenios con las Diputaciones Provinciales financiados con estos fondos, eliminando el requisito de que tuvieran que ser aprobados por el Consejo de Gobierno.

Para el consejero, con esta decisión se dará estos convenios el mismo tratamiento que a otros acuerdos, en ese afán simplificación.

Al igual, se modifica la Ley 572021 de Régimen Administrativo y Fiscal de Juego para clarificar el procedimiento de declaración de zona saturada de estos locales en alguna parte del municipio, introduciendo la necesidad de que haya un informe favorable de la Consejería de Hacienda cuando un municipio considere que debe declarar como zona saturada una parte de su localidad.

En este sentido ha reconocido que esto se ha hecho sobre todo porque ha habido algunas diferencias de interpretación de la norma y que han considerado que por seguridad jurídica convenía introducir este informe previo.