La Diputación de Cuenca ha mostrado su sorpresa por haber sido acusada como institución provincial, por parte del PP, de un posible delito de prevaricación y malversación de fondos en el expediente relativo a la adquisición de un local en la calle Diego Jiménez para trasladar el Organismo de Recaudación y Gestión tributaria, y se ha mostrado dispuesta a colaborar y a disposición del Ministerio Fiscal.

En un comunicado, la Diputación se ha pronunciado así después de que el Grupo Popular en la institución la haya denunciado ante la Fiscalía al considerar que el proceso seguido por la Diputación «es irregular» porque «la licitación estaba dirigida en concreto a comprar ese local, y hay indicios que lo demuestran».

La Diputación ha señalado que «todos los diputados y diputadas de la Corporación, incluidos los del PP, han tenido disponible la información al respecto y nadie ha presentado ningún tipo de alegación ni escrito durante su trámite administrativo, contencioso o civil».

Procedimiento guiado, tutelado e informado en todo momento por los técnicos del organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación, así como por la propia Diputación de Cuenca, los cuáles, una vez desechada la adquisición del edificio del antiguo Icona, comenzaron a trabajar en distintas opciones «que explican de forma contundente las acusaciones vertidas».

Entre ellas se encontraba la adquisición directa, «pero se decidió por ser garantista realizar la adquisición mediante procedimiento abierto y concurso», ha indicado la Diputación, que ha explicado que adquirió el edificio para albergar el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación a través de un procedimiento abierto con unas bases «donde podría concurrir cualquier persona física o jurídica».

Los únicos requisitos que solicitó la institución provincial es que tuviera al menos 600 metros cuadrados, que tuviera acceso desde un vial, que estuviera dentro de la malla urbana de la capital y que cumpliera las condiciones de iluminación y ventilación.

Los informes técnicos, jurídicos y económicos de este expediente «son todos favorables y están firmados por funcionarios de la Diputación Provincial de Cuenca, por tanto, ha sido un proceso totalmente garantista y transparente acreditado por los propios profesionales de la casa», ha concluido la Diputación.