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Publicado 17 Jun 2024 10:39 | Actualizado 17 Jun 2024 10:44

El concejal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha reclamado este lunes al equipo de Gobierno municipal que dé a conocer el inventario de edificios municipales y públicos de la ciudad de Toledo que contengan amianto, respondiendo a sus obligaciones legales en esta materia.

Según ha declarado Txema Fernández, este fue un compromiso del propio alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, tras el pleno de septiembre del pasado año, a pesar de los cual se sigue «sin conocer dónde está este material en la ciudad de Toledo y sin tener un plan de retirada ni de protección de esos elementos», según ha informado IU por nota de prensa.

En este sentido, Fernández ha señalado que el censo de los edificios municipales y públicos que no sean municipales «es un instrumento fundamental para conocer dónde está el peligro conviviendo con los vecinos y vecinas, pero sobre todo debe ser la herramienta útil que garantice la protección del entorno en materia de salud y de medio ambiente».

Así, el portavoz de Izquierda Unida ha criticado a Carlos Velázquez por reconocer que es una competencia del Ayuntamiento y asegurase, tal y como dijo, que lo iban a hacer y ocho meses después no «tengamos ninguna noticia al respecto».

Fernández ha valorado que el equipo de Gobierno debería haber puesto a disposición de los vecinos este censo de los lugares que tienen amianto, «si es que se pusieron a trabajar como prometieron», en un formato accesible para todos así como el plan que también anunció para su retirada. «En este caso, la dejación de funciones de la Concejalía de Medio Ambiente perjudica gravemente la salud de los vecinos y vecinas de Toledo», reprocha.

Por otra parte, y más allá del compromiso verbal del alcalde, Txema Fernández ha recordado que los ayuntamientos están obligados por ley a elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto. Un censo que según recoge la Disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, «debe estar hecho en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta norma».

Según ha recordado, en dicho plazo también deberían presentar un calendario planificando de su retirada y ambos –censo y plan-, «serán públicos y remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado».

El portavoz de Izquierda Unida ha defendido que «si el primer objetivo de cualquier política en materia de residuos es reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de los residuos en la salud humana y el medio ambiente, el censo de edificios, construcciones y solares con amianto, que debía estar hecho en 2023, es ya deberíamos conocer de forma precisa y que el gobierno local ya debería tener sin más demora».

Y ha recordado que el barrio del Polígono es una zona afectada por vertidos antiguos de fábricas que cerraron sus puertas hace años, pero que «hoy siguen conviviendo con ingentes cantidades aún por retirar y otras solo tapadas y destapadas con cada episodio meteorológico adverso».

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