Informe CCAA pide reformar ya el sistema de financiación y atribuye la dilación a «problemas generados por el ‘procés’»

El Informe Comunidades Autónomas 2023, elaborado por el Observatorio de Derecho Público, reclama reformar ya el sistema de financiación autonómica y ha achacado el retraso a cuestiones políticas, destacando «los problemas generados por el ‘procés’» catalán.

La reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde 2009, ha vuelto a la palestra después de que ERC haya reclamado un modelo singular para Cataluña como condición para contemplar una eventual investidura del candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa.

El Gobierno ve «factible» y compatible con la multilateral articular una financiación singular para Cataluña, pero esta disposición ha levantado ampollas en varias comunidades autónomas, que se sienten agraviadas.

El informe, presentado este miércoles en el XIII Foro de las Autonomías en el Senado, lamenta que 2023 concluyera sin la «esperada» reforma y pone el foco en que, si bien el sistema ha mostrado «resiliencia», las modificaciones «no pueden dilatarse más». El trabajo hace hincapié en que las «soluciones técnicas existen», según muestra un informe elaborado por una comisión de expertos en 2017, y descarga la responsabilidad en la política.

Por un lado, responsabilizan a «la política de la hipérbole, la exageración, polarización y falta de acuerdos» y, por otro, a «los problemas generados por el ‘procés’» porque «Cataluña siempre tuvo un protagonismo en el debate sobre la financiación. «La reforma no se ha dado porque no ha habido acuerdo político: Cataluña, otros años impulsora del cambio, no ha estado» por la labor, ha resumido el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos Jesús Ruiz-Huerta durante la presentación del informe.

Ruiz-Huerta, que ha reconocido que la negociación en torno a este asunto es «dura», señala que los cambios fundamentales tienen que centrarse en «mirar bien» la población ajustada, adoptar medidas para aliviar el cargo de la deuda de las autonomías, armonizar tributos, revisar el grado de autonomía de las regiones y establecer un IVA «solidario o compartido».

Según el experto, los efectos de la crisis de 2008 comenzaron a «derramarse» sobre el nuevo modelo nada más ser este aprobado, en 2009, pero, además, es que ya mostraba «deficiencias» que se concretan en que varias autonomías salen perjudicadas en cuestiones como la nivelación. El profesor ha mencionado a Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Sobre la «resiliencia» del sistema, el profesor Ruiz-Huerta ha explicado que durante los últimos años se ha podido «atender» los servicios públicos en las comunidades, y «por eso parece que cumple más o menos su cometido».

Eso sí, ha recordado que hay autonomías que «se quejan de infrafinanciación», un aspecto que se «manifiesta en el posible endeudamiento» que, a su vez, incrementa la dependencia de las regiones del Gobierno central, que es el que las ayuda a hacer frente a sus deudores y proveedores.

La deuda de Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Cataluña supera el 30% del PIB regional, mientras que Madrid, País Vasco, Canarias y Navarra tienen niveles de endeudamiento inferiores a un 15%.