Detenidas 13 personas en una operación de la Guardia Civil contra el tráfico de personas

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Bomvoyage’, ha detenido a 13 personas e investigado a otras 6, pertenecientes a una organización criminal internacional dedicada al favorecimiento de la inmigración irregular a través de procedimientos de contratación en origen (contingentes Gecco), así como de explotación laboral, falsificación de documentos mercantiles, estafas y fraudes a compañías de seguros y en subvenciones públicas.

Así lo han anunciado este miércoles la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón,y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, Jesús Manuel Rodrigo, durante una rueda de prensa celebrada en Albacete, tal como ha trasmitido la Delegación del Gobierno por nota de prensa.

«Se ha desarticulado una banda criminal que se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad, desconocimiento del idioma y de las ilusiones de personas que vinieron a España engañadas en busca de una vida mejor», ha señalado la delegada del Gobierno, quien ha añadido que no sólo esquilmaron a las víctimas los pocos recursos de que disponían, «una vez aquí eran tratados sin ningún tipo de humanidad y obligados a trabajar y a alojarse en condiciones deplorables».

La operación se inició, cuando la Guardia Civil detectó posibles irregularidades en la gestión de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo a través de gestión colectiva de contrataciones en origen (Gecco) de una empresa agrícola ubicada en de Hellín (Albacete).

Continuando con las investigaciones, se pudo averiguar que el proceso de selección en Senegal y Marruecos estaba amañado y que los seleccionados habrían pagado entre 4.000 y 6.000 euros.

Asimismo, los agentes pudieron constatar, que una vez que llegaban las personas, si no querían cumplir el contrato o no querían regresar a su país, la organización les ofertaba vivienda y trabajos agrícolas precarios e incluso la regularización administrativa.

Para ello, la organización les cobraba entre 4.000 y 12.000 euros.

De esta manera aprovechaban la legalidad de la introducción de las personas para hacerlo de forma ilícita.

Se han detectado más de 300 posibles casos en los últimos 3 años.

Asimismo, para aquellos que sí querían trabajar, les explotaba laboralmente ya que la organización, aprovechaba la situación de vulnerabilidad de los migrantes para obligarles a extenuantes jornadas de trabajo y aplicarles múltiples deducciones ilícitas de su nómina quedando el salario en apenas 200€ mensuales.

Igualmente, les obligaban a firmar documentos desconociendo completamente su contenido e incluso a contratar servicios bancarios o de telefonía para así ellos obtener comisiones.

Por otra parte, la organización también hacía negocio con los alojamientos de estos contingentes, alquilando instalaciones hoteleras o grandes fincas con alta capacidad de alojamiento, aisladas y en desuso, alterando los contratos para inflar los precios y así obtener mayores subvenciones públicas.

Captadores en Senegal y Marruecos y gestores de los contingentes en España La organización criminal, tenía una amplia estructura con funciones diferentes.

Contaban con asesoramiento jurídico, captadores en Senegal y Marruecos y gestores de los contingentes en España, mientras los cabecillas también ejercían de «facilitadores» en tales países a través de una intachable reputación ante las autoridades públicas.

Los agentes, han podido constatar el presunto cobro de comisiones ilícitas a migrantes-trabajadores de contingentes de Senegal y Marruecos y su posterior explotación laboral en una gran empresa agrícola de Hellín (Albacete), además de otras actividades que daban cobertura tanto a la explotación laboral como a diversos fraudes en subvenciones y seguros agrarios.

La migración circular es un procedimiento europeo de contratación de personas en terceros países para cubrir puestos de trabajo temporales en la Unión Europea, regresando a su país al finalizar la campaña en un proceso migratorio regulado.

Su aplicación en España se realiza, entre otras fórmulas, a través de la gestión colectiva de contrataciones en origen (Gecco), en el que una empresa oferta puestos de trabajo para que extranjeros, tras pasar un proceso de selección, vengan a España de forma totalmente legal y con un trabajo garantizado.

El empresario asume todos los gastos de transporte, alojamiento, manutención y asistencia sanitaria, y por ello puede optar a diferentes ayudas o subvenciones del Estado.

En la primera fase de esta operación se han realizado tres registros en la localidad de Hellín (Albacete), y otro en Alhama de Murcia (Murcia), donde se incautó abundante documentación, material informático y tecnológico, así como productos financieros entre los que destacan el bloqueo de 15 cuentas bancarias.

En una segunda fase, la Guardia Civil y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Albacete realizaron una inspección conjunta tanto en la empresa como en los alojamientos, pudiendo constatar indicios de explotación laboral y de los derechos básicos de cualquier trabajador.

Durante la inspección y en las entrevistas mantenidas con los inmigrantes, se pudieron constatar los cobros indebidos, el aislamiento e insalubres condiciones de vida en los alojamientos, incluso la falta de alimentos.

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Por tal motivo, se realizó un procedimiento de urgencia para satisfacer sus necesidades básicas en el que ha participado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de las Naciones Unidas para la promoción de la migración que colabora con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La Guardia Civil en colaboración con la Subdelegación del Gobierno de Albacete, sigue investigando contratos y expedientes de personas en situación irregular en diferentes provincias.

De igual manera, se investiga junto con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, contratos fraudulentos a personas en situación irregular en España.

Asimismo, también se ha contado con intermediadores culturales de sindicatos de trabajadores de la provincia de Albacete, como es el caso, entre otros, de UGT.

La operación ha sido desarrollada por efectivos del Grupo de Información (GIC) de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en colaboración con el GIC de Murcia y de la Jefatura Central de Información (UCE3) y dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Hellín (Albacete)