El PSOE fijó en su Declaración de Granada que no apoyaría una financiación autonómica basada en privilegios

Los ‘barones’ pactaron en 2013 las bases de su modelo federal, que Sánchez desarrolló en 2017 con un pacto con el PSC MADRID, 4 Ago. –

El PSOE estableció en la Declaración de Granada, firmada en el año 2013, que defenderían un Estado de las Autonomías basado en la solidaridad para reducir desigualdades entre territorios y rechazaron los «privilegios» entre ciudadanos en función del lugar en que residan. En 2017, ya con Pedro Sánchez al frente del partido, ratificaron este documento en un acuerdo con el PSC.

El texto lo acordó el Consejo Territorial, órgano del partido formado por los ‘barones’ y la dirección federal, liderada entonces por Alfredo Pérez Rubalcaba y fija la doctrina del partido respecto a la organización territorial del Estado y la relación de las comunidades autónomas con la administración central.

Se trata del mismo órgano –ahora denominado Consejo Político Federal– que algunos líderes han pedido convocar esta semana al presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez, ante el anunciado pacto con ERC para establecer un concierto económico en Cataluña, que sacaría a esta comunidad del régimen común y le permitiría gestionar la totalidad de sus impuestos.

Distintos barones del PSOE, incluidos los presidentes de Asturias, Adrián Barbón y Castilla La Mancha, Emiliano García Page, también el secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán y el de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, han expresado su rechazo al concierto, alertando de que supondría una quiebra de la igualdad entre españolas y de la solidaridad entre territorios. Además, han pedido debate interno para decidir la posición del PSOE sobre la financiación autonómica.

Así, la Declaración de Granada establece que el PSOE defenderá un Estado de las Autonomías del siglo XXI, con una estructura territorial de carácter federal capaz de proporcionar «igualdad de derecho básicos de todos los ciudadanos, cualquiera que sea el lugar en el que residan», según dice el texto. «Sí a los legítimos hechos diferenciales, no a los privilegios o a las discriminaciones», añade.

El documento también dice que abogan por «el respeto a las identidades diferenciadas dentro de España, compatible con un compromiso colectivo con el proyecto común» y remarcan que el sistema debe estar basasdo en la «solidaridad para seguir reduciendo las desigualdades territoriales».

El PSOE fijó esta posición en 2013, años antes del proceso independentista en Cataluña, aunque ya advertían de las aspiraciones secesionistas de los partidos nacionalistas y alertaban de que habían abandonado «el terreno de la moderación».

Años después, en 2017, ya con Pedro Sánchez al frente de la secretaría general del partido, el PSOE ratificó esta declaración y en un pacto con el PSC que denominaron Declaración de Barcelona.

«Como formulamos en julio de 2013 en la ‘Declaración de Granada’, estamos convencidos que la solución definitiva al actual desencuentro pasará por una reforma constitucional que haga de España un Estado federal. En este camino, es necesario avanzar hasta reconocer plenamente su carácter plurinacional», indicaron PSOE y PSC.

La Declaración de Barcelona defiende que el PSOE va a impulsar un sistema de financiación «más justo y equitativo» y advertían de que las comunidades afrontaban problemas para financiar la Ley de la Sanidad y la de Dependencia. «En esa negociación los socialistas defenderemos la propuesta de financiación contenida en los Acuerdos de Granada», aseguraban.