Los servicios jurídicos de la Junta revisarán el Concierto de acogida de menores, según CCOO

TOLEDO, 13

La Consejería de Bienestar Social se ha mostrado dispuesta a que la Orden que regula el Concierto Social para la gestión del servicio de acogimiento residencial de menores y ejecución de medidas judiciales vuelva a pasar por sus servicios jurídicos, a fin de enmendar varias cuestiones.

Así lo han asegurado, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Ana Delgado, y el responsable de Sectores Socioeducativos de la Federación de Enseñanza de CCOO, Antonio Romero, que, acompañados del secretario regional del sindicato, Paco de la Rosa, han convocado a los medios de comunicación a la puerta de la Consejería de Bienestar Social, tras reunirse con la viceconsejera de Bienestar Social, Guadalupe Martín, y con la directora general de Infancia y Familia, Inmaculada Tello.

«Esperamos que más pronto que tarde tengamos comunicación de la propia Consejera diciendo que, efectivamente, saldrá una modificación, se recogerá en la propia orden y no nos veamos obligados a movilizar al sector porque sería el camino y la puerta que nos llevaría», ha indicado Delgado.

Mientras, Antonio Romero ha vuelto a incidir en que la orden, publicada el pasado viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no solo no recoge la aplicación de un convenio colectivo sectorial –en concreto, el IV Convenio General Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores–, sino que además, no incluye cláusulas de revisión de precios para aplicar las subidas salariales a futuro.

«Este concierto sale para una duración de cuatro años ampliable a otros 6. Es decir, tendríamos 10 años donde las entidades y los trabajadores podrían ver congelados esos precios y no tener una repercusión en sus retribuciones, en sus salarios ni en sus condiciones laborales», ha alertado el responsable de Sectores Socioeducativos de CCOO, que añade que ya hay entidades que han trasladado a sus trabajadores su intención de no continuar prestando todos los servicios que hasta ahora gestionaban dentro de los centros de menores.

«Esto deja a los trabajadores, en su mayoría mujeres porque es un sector muy feminizado, en una situación de indefensión ya que la Administración, al no hacer referencia a ese convenio, que es el único que tiene la aplicación de regular la subrogación de los trabajadores, al no venir ese convenio ni esa cláusula de subrogación, está dejando en defensa a los trabajadores ya que las empresas podrían no subrogar».

Y es que Romero ha criticado que el departamento que dirige Bárbara García Torijano incluyese en la Orden estas cuestiones, sin haber informado a las partes.

«Al publicarse la Orden del Concierto, junto con la convocatoria, se salta la tutela del Tribunal Especial de Contratación Pública. Lo único que nos quedaría hacer sería un recurso especial ante la Consejera y, si no hay rectificación, tendríamos que ir a un contencioso-administrativo. Pero no es la fórmula para solucionar esta situación, porque nos abocaría a una resolución judicial dentro de cuatro o cinco años», ha explicado el responsable de Sectores Socioeducativos de la Federación de Enseñanza de CCOO, que también ha amenazado con movilizaciones, si el Ejecutivo regional no rectifica la orden ni garantiza los empleos ni las condiciones laborales.

Sobre esta cuestión se ha vuelto a pronunciar el líder regional del CCOO, después de que este martes ya lo hiciese en el desayuno informativo que ofreció en Albacete.

DE LA ROSA CRITICA LA INSENSIBILIDAD DE LA CONSEJERA

Tras preguntar si la Consejería tiene alguna «razón política» para no incluir en dicho concierto la referencia al convenio colectivo del sector que, según ha precisado, es una ley de obligado cumplimiento para los trabajadores y para las empresas afectadas, ha arremetido contra la consejera.

«Lamento muchísimo que la consejera tenga ese grado supino de insensibilidad para con los trabajadores que prestan un servicio público en una empresa. Esas ONGs, insisto, con las que no quiero ser especialmente cruel, son empresas mercantiles que prestan un servicio y que tienen una serie de responsabilidades», ha vuelto a criticar.

«Nos parece una vergüenza. Yo desde aquí quiero reclamar altura de miras a esta consejera para que, igual que trata con cariño, y me parece muy bien, a las empresas que prestan un servicio público, pero que son empresas privadas, ojo, trate al menos con el mismo cariño a los trabajadores que prestan ese servicio, que no lo está haciendo».

Preguntado por las declaraciones del presidente de la Mesa del Tercer Sector, José Antonio Romero, que, en declaraciones a Europa Press, le ha rebatido que las entidades que prestan estos servicios sean empresas, De la Rosa se ha reafirmado en sus declaraciones del martes en Albacete.

«La idea que tengo yo de una ONG no es precisamente la de que presta un servicio y tiene que pagar unos salarios. Que yo sepa, esta gente tiene su cuenta de Seguridad Social, paga sus impuestos, paga sus seguros sociales y le paga el salario de los trabajadores. Es decir, son empresas, se ponga como se ponga, son empresas que tienen trabajadores y que están prestando un servicio público. Y, por lo tanto, tienen una serie de responsabilidades para con sus trabajadores y para con la propia administración».