El Tercer Sector se suma a CCOO y pide a Junta revisar algunas cuestiones del Concierto Social de acogimiento de menores

Replica a De la Rosa que las entidades sociales no son empresas y no se reparten beneficios porque «en ellas no hay accionistas»

La Mesa del Tercer Sector se ha unido a CCOO en su petición de pedir a la Consejería de Bienestar Social que revise ciertas disposiciones de la Orden que regula el Concierto Social para la gestión del servicio de acogimiento residencial de menores y ejecución de medidas judiciales antes de que entre en vigor.

«Estamos en la misma línea de lo que reivindica CCOO», ha asegurado el presidente de la Mesa del Tercer Sector, José Antonio Romero, que, en declaraciones a Europa Press, ha lamentado haber conocido alguno de los puntos de dicho concierto tras publicarse en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la orden que recoge el pliego de condiciones.

Según Romero, desde las entidades prestatarias de estos servicios discrepan de que los salarios de sus trabajadores se tengan que actualizar en la misma proporción que las retribuciones del personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

«Una vez que se revisan los precios plaza, el coste de los salarios tiene que estar ajustado en base al convenio colectivo de referencia. Coincidimos con las exigencias de Comisiones Obreras, porque así se recoge en otros conciertos sociales, como puede ser el de Extremadura, Murcia, Andalucía, o en la propia Ley de Servicios Sociales de Cantabria», apunta.

En este sentido, según ha indicado el representante de la Mesa del Tercer Sector, las entidades también muestran inquietud por la partida económica que sustenta dicho concierto, más de 106 millones de euros para el período 2024-2029 prorrogable hasta un máximo de 10 años. Dudan de que con ese presupuesto vayan a poder hacer frente a los incrementos salariales que tendrán que aplicar en virtud del nuevo convenio colectivo del sector, que va a entrar en vigor dentro de nada.

«Por ejemplo, si la Administración regional sube un 2% los costes del personal público, pero el convenio colectivo establece que hay que subir un 4% a estos trabajadores, hay una diferencia de un 2% que tendrán que cubrir las entidades», ha alertado Romero, que se muestra confiado en que el Gobierno regional modifique estas cuestiones de la orden antes de que entre en vigor el 1 de noviembre, en los Centros de Primera Acogida y Valoración, y el 1 de enero de 2025 en el resto de los hogares y centros.

De igual modo, ha instado al departamento que dirige Bárbara García a que dé una vuelta a las subrogaciones, a fin de que si una entidad social se tiene que hacer cargo de una residencia, de un recurso o de una vivienda porque otra deja de prestar ese servicio, obligar a la nueva a quedarse con el personal que ya está trabajando en ese recurso.

«Entendemos que son elementos subsanables y que la Administración, hasta ahora, tiene una buena predisposición a colaborar, a mejorar la situación. Para nosotros es básico garantizar esa estabilidad que necesitan estas entidades», ha abundado Romero.

Pese a esos matices a corregir, desde la Mesa del Tercer Sector celebran que, finalmente, sea a través del Concierto Social, y no por el proceso de convocatoria de subvenciones, como se regule el servicio de acogimiento residencial de menores y ejecución de medidas judiciales.

También están conformes con que este concierto suponga la revisión de los precios plaza. «Las organizaciones, en este sentido, han elaborado un informe favorable porque es verdad que se ha incrementado el precio plaza con respecto a lo que hasta ahora se venía pagando».

En otro orden de cosas, y después de que el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, cuestionase «la cuenta de resultados» de las ONGs que prestan estos servicios, desde la Mesa del Tercer Sector han replicado que las entidades sociales que gestionan estos servicios «no son empresas».

«Aquí no se reparten beneficios porque no hay accionistas. No somos sociedades anónimas o sociedades laborales, como en otro tipo de servicios», ha querido aclarar Romero, que ha lamentado que se hable de «mercantilización» en la prestación de estos servicios.

«Somos entidades sin ánimo de lucro que prestamos una serie de servicios y gestionamos recursos que forman parte de la red pública, pero que no se reparten beneficios. Esos servicios están auditados y es la Administración la que marca lo que cuestan», ha defendido.

En otro orden de cosas, preguntado por la disposición del Gobierno regional de seguir acogiendo a menores extranjeros no acompañados, siempre y cuando el Estado financie adecuadamente esta prestación, desde la Mesa del Tercer Sector ha asegurado que organizaciones que vienen ofreciendo este apoyo –como Cruz Roja, Accem, MPDL o Cepaim–, coinciden con la postura del Ejecutivo: están en disposición de seguir acogiendo menores, siempre y cuando haya apoyo financiero por parte del Estado.

«Castilla-La Mancha siempre ha sido una región solidaria. Estas entidades dan una respuesta inmediata, pero pasa demasiado tiempo hasta que el Ministerio paga a la comunidad autónoma la parte correspondiente», ha criticado José Antonio Romero, que ha instado al Gobierno central a ser más ágil para poder atender las necesidades de estos menores.