La siniestralidad laboral ha sido motivo de debate en las Cortes de Castilla-La Mancha en el pleno ordinario celebrado este jueves, con motivo de una petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Durante el debate, los grupos parlamentarios del Partido Popular y Ciudadanos han exigido un cambio de estrategia en la región, ante las altas cifras de accidentes laborales y accidentes mortales. Por su parte, el Gobierno socialista ha defendido su compromiso para atajar este problema, poniendo énfasis en el incremento presupuestario realizado a lo largo de la legislatura para aumentar la prevención y la seguridad laboral.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha sido la encargada de defender la labor del Gobierno autonómico en políticas de promoción de seguridad en el trabajo. En este sentido, ha indicado que, desde su llegada al poder en 2015, el Gobierno de Emiliano García-Page ha incrementado sucesivamente la partida presupuestaria del Programa 315A, orientado al Bienestar Laboral.

Así, ha defendido que, desde los presupuestos de aquel año 2015 en los que «superaba escasamente el millón de euros», se ha alcanzado una cifra de «3,4 millones de euros en la actual partida presupuestaria».

De la misma forma, ha planteado que el actual Programa Estratégico 2022-2026 aprobado el pasado mes de diciembre cuenta con un presupuesto de 40 millones de euros, frente a los «9 millones de euros» del programa vigente en 2015.

La consejera ha puesto énfasis en la necesidad de impulsar la formación en prevención de riesgos laborales, su impulso y la vigilancia del cumplimiento de la normativa, a través de los técnicos de la diputación y en colaboración con la Inspección de Trabajo. Al respecto de la Inspección de Trabajo, Franco ha reivindicado el incremento del personal, de los 40 a los 63 técnicos en materia de seguridad laboral y el paso de las 4.248 actuaciones de inspección en 2015 a las más de 9.000 proyectadas para 2023.

A pesar de estos esfuerzos, la consejera ha reconocido que «tenemos que seguir enfrentándonos a la siniestralidad laboral en la región, que sigue teniendo indicadores altos, a pesar de que su dinámica ha funcionado de forma similar que en el resto del estado».

CIUDADANOS CRITICA LA INEFICACIA

Frente a estos datos, el diputado de Ciudadanos, David Muñoz Zapata, ha criticado que la política es inefectiva, al no atajarse el número de accidentes laborales en la región. El parlamentario de Ciudadanos ha cuestionado el efecto que están teniendo los programas y los presupuestos destinados a seguridad laboral en la región. «23 millones de euros, tres acuerdos y dos gobiernos de distinto color y Castilla-La Mancha continúa liderando las cifras de siniestralidad laboral en España», ha afirmado.

«Estos datos me llevan a pensar en dos posibles conclusiones: o da igual el dinero que se invierta, o hay que hacer las cosas de otra manera», ha planteado, poniendo énfasis en que Castilla-La Mancha continúa ocupando el segundo puesto en cifras de accidente laborales a nivel nacional. «No está funcionando la política pública de seguridad laboral en nuestra región», ha afirmado.

En este sentido, el parlamentario de Ciudadanos ha reclamado un cambio de estrategia, centrada en la ampliación de la formación laboral, «no solo la cualificación en riesgos laborales»; la mejora de la accesibilidad a las ayudas a las empresas, reduciendo la burocracia; aumentar los medios destinados a mecanismos de vigilancia; y establecer mecanismos de premios a las empresas que realicen buenas prácticas.

EL PP CUESTIONA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Por su parte, el Partido Popular, de la mano de la parlamentaria María Gema Guerrero, ha puesto énfasis en la persistencia de la elevada siniestralidad laboral en la región.

«Lamentablemente, Castilla-La Mancha es la segunda comunidad de España con mayor incidencia de mortalidad en accidentes de trabajo», ha planteado Guerrero en este sentido. «Es una evidencia que la acción del Gobierno regional no está acertando y lo que está haciendo no está sirviendo para atajar los datos de siniestralidad laboral», ha añadido.

La diputada ha achacado estos datos a una falta de compromiso del Gobierno regional, al que ha acusado de no ejecutar los presupuestos destinado a la materia. En concreto, ha planteado que, a pesar de que el Plan Estratégico vigente cuenta con un compromiso presupuestario de 40 millones de euros, los presupuestos regionales de 2023 tan solo cuentan con una partida presupuestaria de dos millones y medio de euros.

«Se requerirían más de 10 años para cubrir el acuerdo, dotado de 40 millones de euros, con la dotación que ustedes le dan en los presupuestos», ha afirmado Guerrero.

Asimismo, ha afirmado que el presupuesto comprometido en el Programa 351A tampoco se ejecuta en su totalidad, «a pesar de las elevadas cifras de accidentes en el trabajo». «Es preciso articular estas ayudas a empresas, pymes y autónomos», ha añadido en este sentido.

EL PSOE PLANTEA LOS AVANCES REALIZADOS

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha defendido la actuación del Ejecutivo, matizando los indicadores de siniestralidad en comparativa al resto del estado.

El parlamentario socialista Ángel Tomás Godoy ha planteado que las causas de los datos de siniestralidad de la región están relacionadas con la estructura laboral de la misma. En este sentido, ha planteado el mayor volumen de trabajadores en sectores agrícolas e industriales, frente al trabajo en el sector terciario con menores tasas de siniestralidad.

El parlamentario socialista ha enfocado su atención en elementos de contexto, entre ellos la reforma laboral, para el incremento de la siniestralidad laboral, al haber generado «más precariedad, menos seguridad y más accidentes de trabajo». «Esto de que la reforma laboral tiene que ver con la siniestralidad, no lo digo yo, lo dicen los sindicatos», ha señalado.

Responde a Ciudadanos que la formación e incremento presupuestario que solicitan se está llevando a cabo. Asimismo, en cuanto al elemento de reconocimiento a las empresas que lo están haciendo bien, ha asegurado que «también está recogido en el Acuerdo Estratégico».

El debate ha concluido con la presentación de tres resoluciones diferenciadas, en línea con las valoraciones y las actuaciones propuestas durante el debate. Así, la propuesta de Ciudadanos desarrolla las cuatro líneas de actuación mencionadas por el parlamentario Muñoz Zapata mientras la presentada por el Grupo Parlamentario Popular centra su atención en la ejecución presupuestaria de las partidas destinadas a bienestar laboral.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una propuesta de resolución en la que transmite su apoyo a la línea de actuación del Ejecutivo socialista, así como a medidas nacionales como la reforma laboral de 2022.