Aagesen recuerda a las CC.AA. que el calendario de cierre nuclear fue acordado por las empresas

MADRID/TOLEDO, 13

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha insistido a las comunidades autónomas en que el calendario de cierre del parque nuclear, previsto entre 2027 y 2035, fue acordado por las empresas y plasmado en un protocolo firmado en 2019 y que ninguna de las empresas titulares de las centrales ha solicitado su modificación.

Aagesen ha presidido este jueves la Conferencia Sectorial de Energía, donde ha compartido con los consejeros autonómicos los principales avances de los últimos meses y ha destacado el gran cambio que se ha producido en España en los últimos años, que se refleja en las peticiones de acceso a la red.

En el encuentro, a petición de cinco comunidades autónomas, se ha debatido sobre la posibilidad de modificar el calendario de cierre de las centrales nucleares, informó en un comunicado el Ministerio.

Los consejeros de Energía de las comunidades autónomas gobernadas por el PP pidieron en la conferencia que alargue la vida de las centrales nucleares, tal y como aprobó este miércoles el Congreso de los Diputados a raíz de una Proposición No de Ley (PNL) de los ‘populares’.

No obstante, Aagesen ha recordado en la reunión que dicho calendario prolonga la vida útil de diseño de las centrales, fijado en 40 años, hasta una media 45,8 años, y que el cierre ordenado y progresivo es la base del PNIEC, base del desarrollo renovable que está propiciando la afluencia de inversión industrial.

«El Gobierno trabaja en una doble vertiente con la energía nuclear: garantizar la seguridad de suministro, que avalan los estudios que recoge el PNIEC, y promover una transición justa en los territorios donde cierren las centrales», añadió.

Con relación a la fiscalidad de las centrales, la vicepresidenta ha recordado que el Gobierno no ha modificado la imposición a las centrales.

Respecto al coste de gestión de los residuos radiactivos, un coste operativo de las centrales, Aagesen ha recordado que este Gobierno se encontró en vigor un plan de gestión de los residuos de 2006, «totalmente desfasado, y ha habido que elaborar un nuevo plan, el séptimo, aprobado a finales de 2023».

«Este plan calcula los costes de gestión de los residuos en 20.000 millones, que deben sufragar las empresas titulares de las centrales, de acuerdo con el principio de ‘quien contamina, paga’», ha explicado, antes de cuestionarse «¿Los que piden reducir la fiscalidad nuclear quieren que esos 20.000 millones los paguen los españoles en lugar de las empresas?».