C-LM pide al Gobierno que no autorice venta de agua a una empresa que abastece a regantes de Almería

TOLEDO, 14

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno central que no autorice la venta de agua del río Tajo por parte de la comunidad de regantes del Canal de Las Aves a una empresa que abastece a regantes de la provincia de Almería.

A preguntas de los medios sobre esta venta, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, se ha pronunciado de este modo tras la denuncia de la Mesa por la Recuperación de Talavera y Comarcas que afirmaba que la comunidad de regantes del Canal de Las Aves, que riega varios municipios toledanos, ha aprobado la venta de agua del río Tajo a una empresa que abastece a regantes de la provincia de Almería.

«Nos parece que es jugar con un bien público. Desde luego, no tiene ningún calificativo amable», ha afirmado Gómez, que ha explicado que al tratarse de agua, el Gobierno regional «no va a estar nunca conforme» si además hay usos necesarios en la cuenca del Tajo que «no son atendidos recientemente».

En este punto, ha puesto como ejemplo los encuentros que el Gobierno regional ha mantenido con los sectores productivos en todos los ámbitos en la provincia de Guadalajara para pedir al Estado que conecten los embalses de Alcorlo y Beleña.

Alcorlo es un embalse «pequeño que está a tope» de agua con sus compuertas completamente abiertas pero Beleña «no está llenándose lo suficiente de agua», ha explicado.

Solicitando estas medidas, parece «una incongruencia» que por otro lado se esté pensando en poder derivar agua a otros territorios y además tan alejados de la Comunidad autónoma, que necesariamente tendría que pasar por el trasvase, porque no hay otra comunicación que no sea el trasvase desde la cuenca del Tajo a Almería, ha puntualizado la consejera.

«Le hemos pedido formalmente al Gobierno de España que no atienda esta demanda, que no se le ocurra autorizarla», ha remarcado Gómez, explicando que la Junta no tiene competencia para rechazar esta derivación, pero si lo puede hacer el Estado, a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Espera el Gobierno de Castilla-La Mancha que se imponga «la cordura» y que esta venta «ni siquiera se llegue ni a plantear». «Tenemos el derecho y la obligación de dar nuestra opinión y también tenemos el derecho y la obligación de en el caso de que se produjese esa concesión, recurrirla», ha afirmado.