Castilla-La Mancha formaliza presentar un recurso al TC por el reparto del impuesto a la banca: «No va contra nadie»

TOLEDO, 21

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, reunido de forma extraordinaria, ha aprobado presentar un recurso al Tribunal Constitucional por el reparto del impuesto a la banca, tal y como avanzó el presidente regional, Emiliano García-Page, esta semana.

«Es un recurso de inconstitucionalidad que no va contra nadie sino que va en defensa de los ciudadanos de Castilla-La Mancha», ha apostillado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.

En rueda de prensa, ha informado de que tanto el Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades como el Consejo Consultivo han considerado que «ese criterio de reparto pudiera ser objeto de recurso de inconstitucionalidad».

De este modo, ha apuntado que en la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno se ha tomado la decisión de presentar recurso de inconstitucionalidad al reparto del impuesto a la banca «no en cuanto al concepto del impuesto», sino a los criterios de distribución de lo recaudado por este impuesto entre las comunidades autónomas.

El recurso de inconstitucionalidad se basa en tres motivos fundamentales, aunque hay otros que incluyen tanto las consideraciones del Gabinete Jurídico como del Consejo Consultivo.

El primero de los motivos es que este reparto, según ha detallado el consejero de Hacienda, se ha aprobado «a espaldas» de las comunidades autónomas. A su juicio, se debería haber escuchado a las comunidades autónomas en relación con ese criterio de distribución en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El segundo motivo por el que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a interponer recurso ante al Tribunal Constitucional es que la ley debería haberse tramitado no como ley ordinaria sino como ley orgánica y, finalmente, el tercer motivo «es que está claro que vulnera el principio de solidaridad», ha recalcado Ruiz Molina.

Ruiz Molina ha insistido en que «es un recurso de inconstitucionalidad que no va contra nadie, sino que va en defensa de los ciudadanos y de las ciudadanas de Castilla-La Mancha». Así, ha subrayado que el único interés que ha motivado su establecimiento «es la defensa del interés regional».

Por otro lado, preguntado por los medios de comunicación, el consejero ha apuntado que el reparto contemplado en la ley, supone un perjuicio económico de 15 millones de euros, ya que bajo «el criterio del PIB para Castilla-La Mancha le puede suponer 60 millones, pero utilizar otros criterios más lógicos, como es el de población ajustada, pues le puede suponer del orden de unos 75 millones de euros».