Comunidades de PSOE y PP prevén batallar contra el Gobierno en el TC por el reparto «tramposo» del impuesto a la banca

MADRID/TOLEDO 22 Mar. –

Los gobiernos de Castilla-La Mancha, del PSOE, y Extremadura, del PP, han aprobado esta semana presentar sendos recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) frente al criterio para distribuir entre las comunidades la recaudación del impuesto a la banca, un reparto «tramposo» a ojos del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, que critica que es otra imposición de Junts al Gobierno central.

En concreto, la recaudación obtenida por ese impuesto se distribuirá a las comunidades autónomas de régimen común en función de su Producto Interior Bruto (PIB), algo que tanto Castilla-La Mancha como Extremadura recriminan que supone «dar más a los que más tienen».

Page ha cargado contra la medida, criticando que «es un reparto muy ‘trumpista’ y también tramposo, porque se hizo en el último momento y sin contar con ningún aval jurídico». «Es la primera vez que en España se reparte el dinero de forma tan injusta, vulnera claramente los principios constitucionales», ha asegurado en los últimos días.

Por su parte, el Ejecutivo de Extremadura, que preside la ‘popular’ María Guardiola, ha expresado que la medida «contradice el propio sistema de financiación autonómica», para calificarla como «totalmente injusta» por favorecer a los territorios «mas ricos».

De esta forma, los dos gobiernos autonómicos coinciden al presentar recursos de inconstitucionalidad frente a la medida, desafiando al Ejecutivo de Pedro Sánchez ante el Constitucional como ya hicieron, por ejemplo, contra la Ley de Amnistía al ‘procés’.

El Gobierno de Page ha puntualizado que el recurso se presentará «no en cuanto al concepto del impuesto», sino por los criterios de distribución de lo recaudado, aclarando que «no va en contra de nadie, sino en defensa de los ciudadanos de Castilla-La Mancha».

Al respecto, ha explicado que el recurso está basado en tres motivos fundamentales: porque «vulnera el principio de solidaridad», porque tendría que haber sido tramitado como ley orgánica y no como ley ordinaria, y porque se ha hecho «a espaldas» de las comunidades.

El consejero castellanomanchego de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz, ha calculado que el reparto contemplado en la ley supone un perjuicio económico de 15 millones de euros, ya que bajo «el criterio del PIB para Castilla-La Mancha le puede suponer 60 millones, pero utilizar otros criterios más lógicos, como es el de población ajustada, le puede suponer del orden de unos 75 millones de euros».

La Junta de Extremadura se ha pronunciado en parecidos términos, denunciando que repartir la recaudación del impuesto a la banca en función del PIB de cada comunidad atenta contra principios constitucionales como «la igualdad, la justicia y la progresividad».

El consejero extremeño de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha considerado que esa forma de reparto «no se aplica a ninguna otra forma impositiva», por lo que es «totalmente injusta» y beneficia a los territorios «más ricos» en detrimento de las regiones «más modestas».

Bautista ha expresado que es «más que evidente» que la aprobación de ese reparto del impuesto refleja las cesiones «al separatismo» aunque ello suponga «un perjuicio cierto para el resto de comunidades autónomas, leales siempre con el Gobierno».

Y ha expuesto que de los 1.700 millones de euros que este impuesto pretende recaudar, con el «criterio discriminatorio» Extremadura obtendría tan solo 30 millones de euros, mientras que otras comunidades autónomas, como Cataluña, recibiría 346 millones de euros.