UCM por la Pública clama por la «infrafinanciación» de las universidades y «la represión» de las protestas

Decenas de profesores y estudiantes se concentran frente al rectorado de la UCM tras pasar la noche en un encierro voluntario

La asociación UCM por la Pública ha clamado este martes por la «infrafinanciación pública que ha llevado a las universidades a números rojos» y por la «represión del movimiento estudiantil» mediante las «medidas más severas que quiere reforzar el Gobierno autonómico» en la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), que todavía se está tramitando.

Decenas de alumnos y profesores se han concentrado a primera hora de la mañana frente al rectorado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) tras pasar la noche encerrados voluntariamente en la Facultad de Matemáticas de la Complutense, donde han elaborado conjuntamente un manifiesto en el que señalan las principales cuestiones que más les preocupan.

«La Comunidad de Madrid, como consecuencia de las políticas de austeridad, se ha dedicado a asfixiar a las universidades públicas. No hay medios que cubran las necesidades para garantizar una docencia, investigación e infraestructuras de calidad», han apuntado en el texto, donde también han protestado por la «proliferación sistemática de universidades privadas» y por la «privatización de la enseñanza».

A esta situación se suma el proyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, que «pretende ampliar las competencias del Consejo Social, lo que aumentará el poder y control que las empresas privadas tienen en él y mermará la autonomía de las universidades». «Se obliga a las universidades a mendigar financiación privada, creando fondos de inversión, institucionalizando la infrafinanciación y sometiendo la capacidad económica de las universidades a los intereses empresariales», han proseguido.

Sobre la represión de las protestas, el manifiesto ha señalado tanto al Gobierno central como al autonómico. «El Gobierno central ha establecido la Ley de Convivencia Universitaria (LCU) como estricto marco represivo general. El Gobierno autonómico, por su parte, pretende reforzar dichos mecanismos, estableciendo un nuevo régimen sancionador que apunta expresa y especialmente a la represión del movimiento estudiantil con medidas más severas», han lamentado.

Además, también han acusado a los rectores de «bailar el agua a unos y otros gobiernos». «Los partidos parlamentarios son cómplices y responsables de esta situación. No aceptamos sus migajas», han expresado.

Por todo ello, más allá de una mejor financiación y del fin de la «represión» de las protestas, en el manifiesto han solicitado «la paralización del proyecto de ley de la LESUC, la expulsión de las empresas privadas de la universidad, que la universidad no excluya a nadie y la construcción de una universidad gratuita, universal y de calidad».